viernes, 28 de octubre de 2011

SIN TRABAJO, NO HAY RECOMPENSA

Siempre recordaré el día en que me afilié al Partido Socialista Obrero Español. Era el mes de mayo de 1995 y la sede en la que firmé el documento se encontraba en la Plaça de la Pescateria, al lado de la calle Colom. Es curioso. La paloma siempre ha sido símbolo de esperanza. Después visité durante mucho tiempo la sede que estaba en calle Pureza. Ahora la actual se ubica en la calle Miracle. Esperanza, pureza, milagro.


Eso es lo que necesitábamos en aquél entonces. Poco menos que un milagro. Los diarios amanecían cada día con noticias relacionadas con los GAL, Roldán, fondos reservados y el desgaste de 13 años de gobierno de un Felipe González acosado por los escándalos y una situación económica difícil. La victoria de José María Aznar en los comicios del año siguiente se daba por segura en casi todas las encuestas.


La historia es bien conocida por todos. Finalmente el Partido Popular ganó aquellas elecciones por tan solo 300.000 votos de diferencia. A pesar de la dificilísima situación que los socialistas afrontábamos, fuimos capaces de no resignarnos ante quienes nos daban por muertos y presentamos batalla. Y la dimos. Casi, incluso, la ganamos.  Muchos dirán, “Era Felipe”. Y yo digo, sí, era Felipe, pero también era el PSOE.




Nada es más ilustrativo que remontarse a la historia de estas siglas centenarias, para comprobar que la trayectoria del socialismo español está plagada de lucha, sacrificio, trabajo y momentos complicados. Nunca nadie nos ha regalado nada. Desde la fundación del partido el 2 de mayo de 1879, hasta la toma de posesión de Pablo Iglesias de su escaño en 1910 (el único). Desde la primera manifestación reclamando una jornada laboral de 8 horas el 1 de mayo de 1890, hasta la larga travesía en la clandestinidad y el exilio durante el franquismo.


Los motivos de la pervivencia de nuestras ideas a lo largo de todo este tiempo son varios, pero entre ellos está sin duda la universalidad de su mensaje. No son necesarias condiciones geográficas, sociales, económicas o culturales de ningún tipo para defender la democracia y la igualdad de oportunidades. El objetivo que perseguimos se sitúa por encima de las diferencias, pues pretende salvar los obstáculos que éstas generan.


Y ahora nos encontramos en un mundo en el que esas diferencias se están agrandando de nuevo de un modo intolerable. Nos enfrentamos a la pervivencia del interés general y colectivo por encima de los intereses individuales. En el individualismo no hay más doctrina válida que la ley del más fuerte. No conduce a ningún otro lugar: si no garantizas las condiciones para que todos puedan participar de igual modo o, al menos, tengan la oportunidad de participar, ganan siempre los mismos.


Nuestros adversarios conocen muy bien de nuestra capacidad cuando nos movilizamos. Y temen esa capacidad. Intentan que no haya debate ideológico. Que no se conozcan sus ideas. Porque saben que la mayor parte de los ciudadanos no aceptan sus ideas. Quieren ganar unas elecciones democráticas, sin participar lo más mínimo.


Por eso, ante este reto histórico, los socialistas no podemos renunciar a batallar por nuestras ideas que son hoy más necesarias que nunca. Se lo debemos a muchas personas que han luchado en el pasado; se lo debemos a todos aquellos que podamos haber decepcionado; a quienes buscan un motivo para confiar en nosotros; a nosotros mismos.


Este párrafo final es un mensaje para el Partido Popular: estamos aquí. Queremos ganar estas elecciones. Vamos a continuar trabajando para que así sea. Nadie va a poder reprocharnos, el no haberlo intentado si finalmente no es así.



domingo, 9 de octubre de 2011

SOBRE EL IVA TURÍSTICO

Mucho tiempo sin escribir aquí, quizás demasiado. El motivo por el que he decidido volver a hacerlo, aprovechando el marco de ultraactividad política en el que me encuentro, es la anunciada propuesta del Partido Popular de reducir el IVA que se aplica al sector turístico, denominado "IVA turístico", al 4%, es decir, el tipo súper reducido de nuestro sistema.


Es una cuestión que se ha planteado en muchas ocasiones en el Congreso de los Diputados durante esta pasada legislatura e incluso en el Parlamento europeo, y sobre la que los socialistas siempre nos hemos negado en esos ámbitos por los motivos que a continuación expondré.


Sostiene el PP que una rebaja del IVA aplicable al sector, actualmente el 8%, supondría una estímulo importante para las ventas al poder ofrecer precios más asequibles los turoperadores, hoteleros, compañías aéreas y demás. Parten de la premisa de que esta reducción se aplicaría de manera integral al importe a abonar por los clientes, o bien en gran medida.

Lo cierto es que experiencias anteriores de carácter similar, como la reducción al 50%  para los residentes baleares de los precios de billetes de transportes que conectan con la península, o bien la bonificación de las tasas aeroportuarias, demuestran que no siempre se han traducido en un correspondiente descuento del coste final, sino que incluso en determinados casos ha sido aprovechado por algunas compañías para encarecer el importe correspondiente a su margen de beneficio.

Por lo tanto, esta particularidad debe ser tenida en cuenta a la hora de abordar la cuestión.

Hay otro aspecto igualmente caduco, en mi opinión, sobre la fórmula propuesta por los populares. Y es que si algo hemos aprendido en los últimos años en España es que no podemos entablar una guerra de precios con algunos de nuestros principales competidores en la materia. Porque ello conduce a una batalla perdida de antemano. El principal reclamo de nuestra oferta turística debe ser la calidad de nuestros servicios, la belleza de nuestro entorno y nuestra diversidad cultural por un coste competitivo, por supuesto, pero no suicida.


No podemos rebajar los precios en una loca carrera con países como Croacia, Grecia, Turquía, El Líbano u otros similares, porque finalmente nos aboca a lo contrario de lo que pretendemos. La mano de obra, el precio de la vida y la realidad económica de esos países les permite ofrecer unos precios que no están al alcance de nuestras posibilidades reales, sin perjuicio de que su oferta no sea comparable, especialmente en servicios, con la nuestra. El tratar de competir en ese terreno solamente nos conduce a situaciones tan poco deseables como el "todo incluido", cuando no a ofertas prácticamente insostenibles.


Sin embargo, el principal perjuicio de la propuesta gira en torno al coste social que puede llegar a constituir en el supuesto de que se aplicara.

Actualmente la cantidad generada por el IVA del sector turístico genera unos 30.000 millones de € anuales, según datos ofrecidos en el propio Parlamento. Si se reduce del 8 al 4% el porcentaje aplicable, es decir, un 50%, una sencilla operación matemática concluye que la cantidad a ingresar decrece hasta los 15.000 millones de €. Naturalmente, los conservadores señalan que la reducción permitiría precios más asequibles que incrementarían la demanda y que la supuesta pérdida de ingresos tributarios se compensaría de esta manera. Por tanto, la disminución debería conllevar un aumento porcentual y equitativo de la demanda hasta el 50% para poder obtener el mismo volumen de ingresos.


Si ponemos como ejemplo un billete de avión de 50 €, el IVA que actualmente se le aplicaría sería el 8%, 4 €. Si le aplicamos el 4% el IVA aplicable comportaría 2 €. Por lo tanto, el precio final del billete pasa de 54 a 52 €, en el supuesto de que la compañía emisora no pretenda aumentar su margen de beneficio y aplique íntegramente el descuento. ¿Alguien cree que la demanda de billetes de esa categoría se duplicaría por una reducción de precio semejante? Honestamente y en mi opinión, pensar algo similar roza la ingenuidad.


Pero vamos a ser optimistas y conjeturemos que en un escenario en el que todas las entidades del sector aprovechan la reducción del IVA y no aumentan sus márgenes, las ventas crecen considerablemente, no hasta el extremo de duplicarse pero si hay un incremento de la demanda importante. De los 15.000 millones de € que dejaban de ingresarse por la reducción, se recuperan 7.500 millones. Aunque es más que sensible el aumento, todavía dejan de percibirse otros 7.500 millones en las arcas públicas respecto a ejercicios anteriores. Dinero que se utiliza en pagar, en una u otra instancia, prestaciones sociales, inversión pública, escuelas, hospitales.


¿Y quién es el principal perjudicado de esa disminución de los ingresos tributarios? En primera instancia el Estado, que teniendo que ofrecer los mismos servicios obtiene menos financiación y, en segunda instancia, los ciudadanos destinatarios de los mismos. Porque el argumento perverso que venimos escuchando en los últimos años de la supuesta insostenibilidad de los servicios públicos, es el de su financiación deficitaria, la cual por una cuestión matemática se convierte en realidad cuando se limitan, reducen o eliminan las principales fuentes de ingresos públicos: los impuestos.


Así, el gran empresario se erige como el gran beneficiado por la reducción: sus ingresos aumentan con la correspondiente demanda y la carga fiscal que debe soportar por ello es menor que antes. Sin embargo, los salarios que perciben sus trabajadores siguen siendo los mismos, salvo que se produzca un aumento salarial a consecuencia de las ganancias, algo que casi constituye ciencia ficción en el mundo actual. Así la conserje de un hotel o el camarero que seguirán percibiendo1.000 € mensuales, por ejemplo, el empleado de la compañía aérea o la agente de viajes, ven como a la larga la sanidad pública, las escuelas gratuitas o incluso el subsidio de desempleo del que podrían beneficiarse como destinatarios principales se ve perjudicado por una medida que agranda aún más la brecha entre unos y otros.


En consecuencia, existen motivos más que justificados para oponerse a una medida de estas características. Debemos apostar por una política en materia turística de estímulo, reconversión de lo obsoleto y oferta de calidad, pero no a través de la reducción directa del IVA, sino de planes como el vigente en el que las exenciones se permitan para paliar perjuicios sociales (insularidad) o en momentos puntuales y sectores estratégicos, siempre y cuando no constituyan perjuicios como los ya apuntados.