sábado, 11 de agosto de 2012

SOBRE LISTAS ABIERTAS Y LIBERTAD DE VOTO

No son pocas las ocasiones en las que he afirmado que una gran parte de la fundada desafección ciudadana hacia los políticos actual, debe combatirse con mayor transparencia, información y participación.

Efectivamente, son much@s l@s ciudadan@s que ante la profunda decepción surgida de las imperfecciones de los sistemas de democracia representativa, solicitan un mayor grado de participación o una mayor capacidad de elección de quienes después deben representarlos. 

En realidad, el grado de interlocución y comunicación entre los representantes electos y sus electores no depende necesariamente del modo en que estos han sido elegidos. Al contrario de lo que suele pensarse, en España ya se aplica un sistema de listas abiertas en la elección de representantes al Senado, por ejemplo, y ello no supone que la relación entre los senadores y sus electores difiera de la que estos tienen con los diputados. Pero no es menos cierto que sí puede establecerse un vínculo más sólido cuando ha habido una mayor participación directa de los últimos sobre los primeros por motivos evidentes. 



Una de las reivindicaciones más jaleadas en la actualidad es la de los sistemas de listas abiertas como formato para la elección de representantes al Congreso de los Diputados. Es necesario aclarar que por "listas abiertas" no se entiende un solo concepto, sino que son varias las fórmulas que pueden ampararse bajo esta definición.

Así pues, podemos entender por lista abierta aquel sistema por el que l@s ciudadan@s pueden elegir libremente el orden de los candidatos que figuran en las listas. También es conocido este sistema como "lista desbloqueada". En la actualidad, esta forma ha sido propuesta por el PSOE para su aplicación en el sistema de elección de candidat@s al Congreso de los Diputados.

Otra de las variantes sería la ya apuntada para la elección de senadores, es decir: una lista o papeleta en la que figuran candidatos de todos los partidos pudiendo elegirse conjuntamente de formaciones distintas, así como el número de los que desean votarse (con un límite máximo legal, naturalmente).

Sin embargo, la mayor objeción que se plantea al actual sistema de listas cerradas y bloqueadas, es el poder que confiere a los aparatos de los partidos políticos para poder elegir a sus integrantes con criterios que no siempre atienden al mérito y capacidad que sus propios estatutos requieren. Así, l@s votantes tan solo pueden apoyar una papeleta con un orden determinado inalterable y perteneciente a un único partido, sin que puedan elegir a aquellos que les parezcan más oportunos sin importar su afiliación partidista. 

Opino que los partidos políticos siguen siendo imprescindibles para la elaboración de unas listas que se presenten en comicios democráticos por lo que a continuación expondré, pero el sistema es manifiestamente mejorable, desde luego. 

Evidentemente, suena extraordinario desde un punto de vista democrático y participativo un sistema en el que cualquier persona pudiera libremente postularse para ser candidato y, con unos requisitos mínimos exigibles para serlo, poder ser elegido. Sin embargo, el problema no está en las dificultades de logística que esto podría entrañar, las cuales creo que son salvables en su mayoría con la tecnología actual. La cuestión principal estriba, en mi opinión, en que para que tal mecanismo fuera justo y efectivo, debería garantizarse una igualdad de condiciones y oportunidades de partida a todos los contendientes. Y eso es algo muy difícil, por no decir imposible, de conseguir. No puede partir con las mismas condiciones Emilio Botín que un desconocido trabajador asalariado mileurista. La capacidad económica o el conocimiento previo de los electores, son obstáculos muy difícilmente salvables.



En cuanto a la primera, la capacidad económica de los posibles contendientes y las dificultades que deben salvarse para poder financiar sus campañas, podemos asistir a paradojas como la de los congresistas demócratas que votaron en contra de la reforma sanitaria (hasta 30) que su partido propugnaba o de la reforma del sistema financiero estadounidense, sencillamente porque sus campañas electorales habían sido sufragadas por entidades con intereses en ambas materias. Es decir, no se trata ni mucho menos tampoco de un sistema perfecto, sin perjuicio de que, además, en EEUU los candidatos siguen adscribiéndose mayoritariamente a uno de los dos partidos hegemónicos existentes.

Sin embargo, sí es deseable que desde los partidos políticos se permita una mayor participación en la elaboración de las listas mediante el sistema de primarias para la elección de los candidatos a gobernar las instituciones. El sistema recientemente utilizado por el partido socialista de Francia por el cual aquellos ciudadanos que desearan participar sin necesidad de ser militantes pudieran hacerlo abonando una suma simbólica, es un avance muy significativo en materia de participación y transparencia. 

Creo que este sistema unido al desbloqueo de las listas para la elección de candidatos al Congreso de los Diputados que he mencionado anteriormente, puede conseguir unos márgenes democráticamente aceptables en ambas materias. 

La otra reivindicación o cuestión que se plantea, estrechamente relacionada con la primera, es la de la libertad de voto de todos los representantes electos.

La lógica señala que se establece un compromiso entre l@s votantes y l@s elect@s por el cual, cuando se formulan propuestas durante la campaña electoral, después debe votarse en consecuencia con las mismas. No todo es siempre tan sencillo. Más allá de incumplimientos manifiestos y masivos como el que observamos del Gobierno actual, no es menos cierto que un programa electoral es una guía fundamental para la dirección del partido que gobierna, pero que no puede constituirse en una tabla de granito inquebrantable cuando existan circunstancias que requieran variar el rumbo. El problema suele generarse cuando no se explican bien los motivos de tal viraje o no se pulsa la opinión de l@s ciudadan@s cuando se trata de cuestiones de capital importancia.

En realidad la libertad de voto está permitida en nuestro sistema democrático y no son pocas las ocasiones en las que se ha venido practicando. Sin embargo, los partidos pueden sancionar estos hechos debido a que así lo disponen los reglamentos internos que conocen todos los que aceptan ir en las listas representando a las siglas de turno. Lo cierto es que la fortaleza y cohesión de los grupos parlamentarios depende precisamente de su unidad, sin la cual se desmorona por completo su criterio, pero también la propia fortaleza y cohesión de las instituciones como trataré de explicar a continuación.

Así pues, pongamos por caso que debe realizarse una votación sobre una cuestión que beneficia a Cataluña, por ejemplo, pero perjudica a las Illes Balears. En un principio, se supone que los representantes electos de ambas circunscripciones si pudiéramos elegir libremente votaríamos a favor o en contra en función de las mismas. Al ser mayoritario el número de diputados catalanes, acabaría aprobándose la medida. Eso supondría que aquellas CCAA con mayor representación parlamentaria impondrían una "ley del más fuerte" que desequilibraría por completo al Parlamento y al país.

Existen formaciones como el PNV o CIU que, en determinadas ocasiones (Ley del aborto), otorgan libertad de voto a sus representantes. Se trata, sin embargo, de partidos minoritarios que no deciden el resultado final aprobado o rechazado.

En definitiva, existen fórmulas y mecanismos para introducir las muy necesarias transparencia y mayor participación que requieren nuestras instituciones, pero es preciso recordar que en la práctica política no existen sistemas perfectos, sino malos y menos malos, como definía Winston Churchill a la propia democracia. Es precisamente desde el debate y la confrontación de ideas como creo que podemos llegar a mejorarlo, por eso estaré encantado de leer vuestros comentarios y propuestas al respecto.

lunes, 6 de agosto de 2012

EXISTEN OPCIONES ALTERNATIVAS

Artículo publicado en el Diario de Mallorca el 6 de agosto de 2012.

EXISTEN OPCIONES ALTERNATIVAS


En las últimas semanas he escuchado en diversas ocasiones, casi siempre en boca del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que los recortes llevados a cabo en las cuentas públicas españolas y nuestro Estado del Bienestar, han sido porque “no había otra opción”.

Comprendo que cuando la cantinela de “la herencia recibida” comienza a oler a naftalina al comparar los datos de los gobiernos socialistas y el actual, se haya instalado la urgencia de cambiar la letra. Pero más allá de las excusas para salir del trance, hay una auténtica declaración ideológica detrás de tal afirmación.

Pretenden difundir el falso axioma de que los recortes son necesarios porque durante todo este tiempo hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. Algo incierto ya que durante los años de crecimiento económico las cuentas públicas españolas llegaron a tener superávit. Quieren hacernos creer que las prestaciones sociales, la educación pública y la sanidad gratuita universal, son lujos que no podemos permitirnos. Y, con ello, introducir su propuesta de modelo de Estado con la mano diestra mientras impulsan debates ficticios mediante sus provocadores oficiales.

Lo cierto es que el actual sistema fiscal no resulta suficiente para conseguir un equilibrio presupuestario que permita garantizar esas prestaciones y es necesario recortar el déficit, sí, pero no como está haciéndolo el Partido Popular: existen otras propuestas que no solamente no generan este intolerable coste social, sino que además contribuirían a que nuestra fiscalidad tuviera una mayor capacidad redistributiva (además de recaudatoria) y  recuperara progresividad.

Desde el partido socialista las hemos propuesto ya en los debates parlamentarios y éstas son algunas de las principales, al no poder figurar todas por problemas de espacio.

Impuesto a las grandes fortunas. Tras la reposición del reformado impuesto sobre el patrimonio por el PSOE en 2011, estaba prevista la implantación de este tributo que ya se aplica en otros países europeos. En su defecto, el PP ahora podría seguir aplicando el primero ya que en 2012 deja de estar operativo. Las previsiones más prudentes estiman en 3.000 millones de €  la cantidad que podría recaudarse con el nuevo gravamen. Exactamente la cantidad que se recortó hace poco en Educación. Es necesario recordar que en las Illes Balears, el ejecutivo de José Ramón Bauzá se ha negado a recaudar la parte que le correspondería del impuesto sobre el patrimonio (unos 30 millones de €) mientras se permite anunciar el cierre de hospitales públicos.

Impuesto de sociedades. Aunque los tipos previstos en España se encuentran dentro de la media europea, las deducciones existentes permiten que las grandes empresas paguen un tipo real cercano al 17% cuando el tipo nominal aplicable es del 30%. Esto perjudica, además, a las PYMES que no compiten en las mismas condiciones que sus homólogas de mayor tamaño. Es necesario, por tanto, reformular este tributo. Una modificación que permitiría ingresar 7.000 millones de €. Más o menos la cuantía que se ha recortado en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Aumento del 10% del impuesto sobre el tabaco y el alcohol. La propuesta dejaría el vino y la cerveza exentos de tal subida, pero el resto de licores aumentaría su gravamen en ese porcentaje junto con el tabaco. El ingreso previsto se estima en, al menos, 1.000 millones de € que podrían ir destinados a financiar, de nuevo, el SNS.

Eliminación de las diputaciones provinciales. A diferencia de los Consells y Cabildos, con funciones muy distintas a éstas, son instituciones que han demostrado su ineficacia en la escena política actual. Su supresión reportaría otros 1.000 millones de €.

Se trata, por tanto, de 12.000 millones de €, ni más ni menos, que permitirían reducir el déficit sin necesidad de adoptar opciones traumáticas para los ciudadanos y dramáticas para las propias cuentas públicas. A diferencia de la desproporcionada e injusta subida del IVA o la introducción de tasas judiciales,  que repercuten en toda la población sin importar su capacidad económica o situación laboral.

Existen otras propuestas igualmente importantes, como la implantación de muchas más medidas contra el fraude fiscal, y no la actual amnistía, que deben abordarse.

Por lo tanto, es absolutamente falso que no haya otras opciones. Sencillamente no quieren abordarse porque el Partido Popular no cree en una salida social de esta crisis. Sus errores en las medidas adoptadas para acortar el déficit están generando más recesión, más pérdida de poder adquisitivo, más parados. El consumo, entonces, disminuye y con él la recaudación, lo cual obliga, paradójicamente, a más recortes. Un efecto perverso en el que el actual Gobierno nos tiene sumidos.  Están a tiempo de recapacitar y cambiar de rumbo. Entonces, les estaremos esperando.

Pablo Martín Peré