martes, 29 de octubre de 2013

SOBRE LA IMPUTACIÓN DE CRISTINA DE BORBÓN

Ayer el diario El Mundo publicó una noticia según la cual, Cristina de Borbón y Grecia falsificó un documento con el objeto de evadir fiscalmente 12.000 €, dentro del marco del "Caso Nóos". La noticia es una auténtica bomba informativa por cuanto supone la antesala de la más que probable imputación de la susodicha.

Llevamos casi un año de tiras y aflojas entre la fiscalía y el juez instructor del caso sobre este asunto, en los que hemos podido escuchar todo tipo de argumentaciones a favor y en contra de que la hija de Juan Carlos de Borbón tenga que declarar (como imputada o no) en sede judicial. Algunas de ellas vertidas por la defensa de Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarín como, por ejemplo, que si la esposa del Sr. Torres figura como imputada por el mero hecho de aparecer su firma en los documentos de la empresa, por qué no debería estarlo también Cristina. Otras, consideran que debe demostrarse que ésta conocía los tejemanejes que estaba llevando a cabo su cónyuge como paso previo a su imputación.

 

Lo que es incuestionable es que la prudencia y la exigencia exhaustiva de garantías procesales están  presidiendo todos los pasos que se están dando en este intrincado juego ajedrecístico. No es para menos, pues se trata de la hija del Jefe del Estado que, para más señas, es monarca y que, por lo tanto, no puede atajarse la grave crisis institucional que acarrearía su imputación y/o posterior condena con una serie de dimisiones. Si su hija es condenada por la comisión de un delito, la situación en la que queda la institución de la Casa Real es de una delicadeza grotesca. 

A diferencia de lo que sucede con la figura del monarca, que establece el artículo 53.3 de la Constitución española que es inviolable y no sujeta a responsabilidad, no sucede lo mismo con el resto de miembros de su familia. Así pues, Cristina de Borbón no solo sería perfectamente responsable de la comisión de cualquier irregularidad o delito en que hubiera incurrido, sino que además ni siquiera se encuentra sujeta a aforamiento de ningún tipo como sí sucede con parlamentarios o miembros de la Administración de Justicia. 

Precisamente este hecho, que debería facilitar su declaración e hipotética imputación, es decir, que ante la Administración de Justicia se trata de una ciudadana más, es el que está torciendo las leyes y generando tensiones entre distintas facciones del mundo de la justicia y la política. Y es que, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes, está resultando patente que no se trata de una ciudadana más. Al menos no para muchos actores de este particular sainete mediático/jurídico en el que nos encontramos.

Así pues, se está generando una paradoja ciertamente curiosa con toda la protección que desde diversas instancias del Estado se ha tratado de brindar a Cristina de Borbón en la tramitación de todo el procedimiento. Esta consiste en que se está evitando por tantos medios su imputación, se está dejando tan claro que solamente podría producirse ésta si se demuestra su relación directa y el conocimiento de los hechos, que en cuanto se produzca será poco menos que imposible no condenarla. 

La primera imputación del juez Castro fue recurrida por la fiscalía y dejada "en suspenso" hasta que no se llevara a cabo una investigación fiscal total por parte de Hacienda sobre las obligaciones tributarias de la infanta. En esas investigaciones exhaustivas provocadas por la propia protección  desplegada por la fiscalía, ha aparecido este documento que compromete enormemente su inocencia. 



Por otra parte, los seguimientos que al parecer están padeciendo tanto el juez instructor como el fiscal del caso, también son contraproducentes contra los intereses de la investigada. Porque independientemente de quien los haya ordenado, generan todo tipo de presiones innecesarias además de que permiten aventurar las hipótesis más inverosímiles sobre la figura que haya dictado la orden de hacerlo. Y, por último, a algunos nos genera la sensación de que, en realidad, se está tratando de evitar que se descubran asuntos más graves todavía que los que se están dilucidando, que no son poca cosa. 

En las próximas semanas, si no días, saldremos de dudas sobre si se imputa o no a Cristina de Borbón. Dudo mucho que entonces la fiscalía vuelva a oponerse a la misma y entonces comenzará el verdadero vía crucis para la Casa Real. 

Pero lo más grave de todo este asunto es que puede acabar afectando a la propia estabilidad del Estado porque si finalmente es declarada culpable de la comisión de un delito, está por ver cuál será la reacción del Jefe del Estado ante el hecho de que su hija y su yerno hayan sido condenados por hacer negocios ilícitos...por ser su hija y su yerno. Será el momento también de preguntarse qué sabía el propio Juan Carlos de Borbón cuando instó a su yerno a que dejara de lado esos negocios, por ejemplo. 

En cualquier caso, todo esto pone de manifiesto que las leyes sobre transparencia e información de nuestro país están completamente obsoletas, sin perjuicio de su reciente promulgación, así como que cuando se realizan esfuerzos descomunales con el objeto de evitar que suceda algo, lo que se acaba propiciando es que eso suceda por la propia inercia de acontecimientos que nosotros mismos hemos generado con nuestras acciones tendentes a evitarlo. 

Los amantes de Jean de la Fontaine deben frotarse las manos al recordar su frase: "Generalmente encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo."