miércoles, 27 de junio de 2012

PARLAMENTARIOS ESPAÑOLES: NUESTRA VERDAD

Todos conocemos el aforismo "No dejes que la realidad te estropee una buena noticia". Frecuentemente, es utilizado para criticar la falta de rigor y profesionalidad de determinados medios de comunicación (fundamentalmente de sus consejos de dirección/redacción más que de sus reporteros de a pie). No son pocas las ocasiones en las que hemos podido comprobar que la verdad sobre una determinada cuestión resulta muchísimo menos atractiva que el mito que se ha erigido en torno a la misma, muchas veces alimentado por el morbo y las ganas de encontrar motivos para justificar nuestras fobias.


Los parlamentarios (diputados/senadores) españoles estamos actualmente suituados en el punto de mira de la sociedad, especialmente desde el inicio de la crisis económica. Es justo que así sea, puesto que somos sus representantes legítimos y nos debemos a quienes nos han elegido y también a los que no. Las críticas que recibimos por nuestra gestión y nuestros errores son justas la mayor parte de las veces. Pero no siempre la información que manejan los ciudadanos es todo lo correcta que podrían creer. Por una parte, por la falta de transparencia e información que, hasta ahora, había existido en torno a nuestra función también ha contribuido a este descrédito. Por la otra, el interés de determinadas facciones políticas interesadas en el desprestigio de las instituciones democráticas en comandita con la difusión mediática de medios que representan a esas facciones, ha hecho el resto.


Pretendo pues, a través de este texto, informar sobre algunas cuestiones relativas a nuestras funciones, sueldos, horarios y equipamiento y desmentir las falsedades que sobre estos aspectos se han vertido en foros, correos electrónicos e incluso en la misma calle.


Sobre pensiones y "sueldos": para comenzar, una cuestión semántica. No tenemos un sueldo, sino que se trata de una asignación constitucional con las diferencias que conlleva respecto a las prestaciones sociales que se obtienen de la percepción de un salario. Es de carácter público y figura en la web del Congreso de los Diputados. Son catorce pagas y varía su contenido en función del cargo que tenga el parlamentario en cuestión. No es en absoluto de carácter vitalicio y dejamos de percibirla en cuanto perdemos nuestra condición. Hasta julio de 2011, cuando se abandonaba definitivamente el escaño, se percibía un mes de asignación por cada año de parlamentario hasta un máximo de 24. Esta prestación se eliminó el mes citado. 

Del mismo modo, para aquellos parlamentarios que hubieran permanecido al menos 7 años en las cámaras, una vez que alcanzaran la condición de pensionistas, podían solicitar un complemento de pensión para alcanzar la cantidad máxima a percibir (2.522, 89 €). Es decir, la suma que les faltara para llegar a esa cifra la aportaban las cámaras. Tan solo cerca de 90 parlamentarios de los más de 3.000 que han pasado por las Cortes Generales desde su constitución en 1977, han sido beneficiarios de esta prestación. Desde julio de 2011 se encuentra también eliminada. 

Debo añadir que en su día se introdujo para que los parlamentarios que apenas habían cotizado por permanecer en el exilio durante el franquismo, pudieran tener una pensión.

En cuanto al porcentaje de tributación de nuestra asignación, en modo alguno es cierto que lo hagamos al 4,5 %. Por lo que respecta a la mía personal, es del 29%.

En consecuencia, no tenemos sueldos vitalicios, ni pensiones vitalicias. Ni mucho menos tarjetas de crédito para nuestros gastos personales. No tenemos derecho a paro y en en enero de 2012, se eliminó un fondo de pensiones privado que las cámaras tenían concertado con una entidad financiera.


Sobre funciones y horarios: Los parlamentarios españoles tenemos a lo largo de cada legislatura periodos de sesiones anuales que se dividen en dos partes. La primera comprende los meses de febrero a junio de cada año. La segunda de septiembre a diciembre. Los meses de enero, julio y agosto no se celebran, en un principio, sesiones parlamentarias. Sin embargo, desde el principio de mi estancia en el Congreso de los Diputados (enero de 2009), no ha habido un solo mes de enero, julio o agosto que no hayamos tenido sesiones extraordinarias. Para el mes de julio de 2012, por ejemplo, ya tenemos proyectadas 2 sesiones. Los martes, miércoles y jueves son los días de la semana en los que se celebran sesiones plenarias. Generalmente, la primera semana de cada mes está exenta y los meses de abril y diciembre, debido a las festividades propias, eliminan una semana de pleno.

Debo añadir que cuando un parlamentario no se encuentra en su escaño generalmente se halla en su despacho preparando la intervención que corresponda, o bien negociándola con otros parlamentarios en los pasillos o salas del Congreso. Algunas excepciones habrá a esta norma, es posible, pero no la generalidad que muchos creen, todo lo contrario.

Pero el trabajo principal del parlamentario no se desarrolla en el hemiciclo, sin perjuicio de que mediáticamente sea el espacio más conocido de nuestra actividad. Las comisiones que conforman las dos cámaras tienen una actividad semanal y es donde se debaten muchas de las cuestiones principales. El trabajo en nuestro territorio o circunscripción ocupa el resto de nuestra actividad.

Pretender que solamente trabajamos cuando nos hallamos en nuestros escaños, sería como creer que un abogado tan solo lo hace cuando tiene un juicio, por ejemplo. Así pues, una labor importante consiste en visitar el resto de la semana las agrupaciones de nuestro propio partido para informar a los militantes de nuestra actividad. Reuniones con colectivos o ciudadanos. La preparación de las intervenciones de las semanas siguientes. La presencia en medios de comunicación, tertulias o redes sociales.

No es poco habitual atender a radios o televisiones durante el propio fin de semana o hacer visitas a ferias regionales o eventos sociales esos mismos días.

Quizás el problema se halla en que nosotros no hemos informado puntualmente de cuál es nuestra agenda de actividades aprovechando las herramientas que ahora se nos brindan para ello.




Transporte, equipo: nuestro desplazamiento para la función parlamentaria se abona por la cámara directamente cuando se trata de las compañías Renfe, Air Europa o Iberia cuando es en avión o tren. Si se trata de otras compañías, el abono inicial lo realizamos nosotros y pasamos la factura a los servicios económicos que nos la reembolsa pasados unos meses.

El Congreso de los Diputados tiene un acuerdo con la compañía Iberia (desconozco si con las otras también) por el que los vuelos en clase preferente tienen un importe similar o, directamente, inferior al de la clase turista.

Se da la circunstancia de que en muchas ocasiones cuando debemos conseguir un billete, tan solo quedan disponibles en clase preferente por el hecho de que cogemos siempre el primer vuelo disponible tan pronto hemos acabado las sesiones plenarias. Esperar al siguiente para conseguir un billete en clase turista puede suponer, especialmente para los mallorquines, ibicencos, menorquines y canarios, cuyo medio de transporte único es el avión, quedarse en Madrid un día más con toda la actividad finalizada. Eso tiene un coste económico y familiar que ha sido tenido en consideración.

No existe límite en nuestros desplazamientos siempre que sean debidos a nuestra actividad parlamentaria, sobre la que la Mesa de las cámaras lleva un control. En un principio, la normativa dispone que podemos cobrar una dieta de 120 € en desplazamientos por España y de 150 € en el extranjero. En los 3 años y medio que llevo como parlamentario no la he solicitado ni una sola vez, así como tampoco mis compañeros de escaño que han viajado conmigo.

Tenemos una tarjeta de Renfe y una Visa de transporte para poder comprar los billetes nosotros mismos cuando sea por cuestiones de urgencia y no se pueda realizar la gestión desde la propia cámara.

También disponemos de una tarjeta de taxi con 3.000 € anuales para uso de taxis solamente en Madrid. La cantidad no es acumulativa y si no se agota al término del año, tan solo se añade lo que resta al siguiente para llegar a la cifra antedicha. Generalmente, cuando dispongo de tiempo utilizo el metro. Sin embargo, al finalizar las sesiones para ir al aeropuerto por la premura suelo utilizarla (31 € desde el Congreso a Barajas), así como las noches que finalizamos las sesiones parlamentarias más allá de las 22.00 (casi cada martes).

Al inicio de la legislatura se nos entrega un Ipad 2 y un Iphone 4S (a los parlamentarios que tenemos el de la pasada, un Iphone 4, no se nos entrega uno nuevo). Al finalizar la legislatura, si deseamos quedarnos con el primero, debemos abonar una cantidad. La cuenta de teléfono corre a cargo de las cámaras. Cada parlamentario dispone de un despacho propio (8/9 m2) con ordenador de sobremesa. En mi caso, es el ordenador de la pasada legislatura que, a su vez, perteneció a otro parlamentario. Por supuesto, al finalizarla, el aparato permanece en  el Congreso. Comparto asistente junto con otros dos parlamentarios. Asimismo, cada escaño dispone de una terminal de ordenador que está encajada en el mismo. No hace falta añadir que tampoco nos lo llevamos a casa.

Las comunicaciones de todas las convocatorias y envíos de información y documentación se realizan a través de sms y correo electrónico. Desde que dejaron de realizarse en formato papel, las cámaras abonan el importe de una ADSL en nuestra vivienda hasta que dejamos de ostentar la condición de parlamentarios.

Por supuesto, la inmensa mayoría de los parlamentarios no tenemos coche oficial, correspondiendo éste tan solo a los miembros de la mesa y portavoces de grupo (20 diputados aproximadamente de 350).

Y esta es parte de la información que creo necesaria que conozcan los ciudadanos respecto a nuestras particularidades. Por supuesto, no es una enumeración exahustiva y con toda seguridad faltarán cosas, pero precisamente para ello tenéis este blog y mis perfiles en las redes sociales para preguntar todas las cuestiones que consideréis al respecto.


lunes, 4 de junio de 2012

El PSOE y la monarquía

Los últimos incidentes relacionados con Juan Carlos de Borbón de los que hemos tenido constancia, bien sea por cuestiones cinegéticas, bien por asuntos familiares, han impulsado el debate monarquía/república, sobrepasando incluso la tradicional y cada vez más tenue mordaza autoimpuesta por los medios convencionales. En la votación de los Presupuestos Generales del Estado 2012, se propuso una enmienda por parte del grupo La Izquierda Plural que pretendía reducir en un 20% la partida destinada la Casa Real. No son pocas las personas que me han preguntado por qué el PSOE decidió votar en contra de la citada enmienda, muchas de ellas del propio partido.

La relación entre los socialistas y la figura de la monarquía ha sido ambigua desde el restablecimiento de la democracia en España. Hay quienes acusan al partido de ser excesivamente gentil con la figura del rey. Otros tildan de traidora a sus principios a una formación política que fue clave para la instauración de la IIª República española en 1931.


Sin embargo, pocos saben que en los debates que se llevaron a cabo para la regulación de la Constitución de 1978, cuando se debatía si la estructura institucional de España debía orbitar en torno a una monarquía parlamentaria o una república federal, el PSOE votó a favor de ésta última y en contra del establecimiento del actual sistema. El compañero José María Benegas ha distribuido estos días el diario de sesiones de la antecesora de la actual Comisión Constitucional en la que, de forma más que brillante, el exdiputado Luís Gómez Llorente explicó los motivos por los que el partido votó a favor de una república como forma de organización política para España.  

Uno no puede evitar sorprenderse cuando lee el recuerdo a las palabras pronunciadas por Pablo Iglesias hace ahora más de 100 años en el hemiciclo: "No somos monárquicos porque no lo podemos ser; quien aspira a suprimir al rey del taller, no puede admitir otro rey". La síntesis perfecta de lo que suponía el socialismo de aquél entonces.

Lo cierto es que, desde la votación en aquella comisión y la posterior confirmación de una monarquía parlamentaria como sistema político, los socialistas nos hemos dedicado a prestar un fuerte apoyo a la figura del rey como Jefe del Estado por comprensibles motivos de pura responsabilidad institucional. Además, el legislador introdujo para un mejor blindaje de determinados preceptos constitucionales, un sistema pétreo para su posible reforma, el del famoso artículo 168 de la Constitución de 1978. En consecuencia, cualquier intento serio de introducir un debate real sobre la forma de organización estatal siempre es desestimado aludiendo a la imposibilidad técnica y política de su cometido.

En cualquier caso, el accidentado inicio de la década de los 80 en nuestro país y los cambios políticos del siguiente decenio, entre otras cuestiones, permitieron a la monarquía pasar con buena nota el siempre difícil examen de la ciudadanía. Como ya es sabido, la versión aceptada históricamente sobre el papel del rey en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, le propició un cómodo estatus de defensor a ultranza de la legalidad democrática de nuestro país.

Es posible que en cierta medida esto haya propiciado que cualquier intento de crítica hacia la institución se haya valorado como radical desde el ámbito político, o bien ha acabado estrellándose contra el velo de protección mediática al que aludía al inicio del texto. Las excesivamente inofensivas biografías oficiales no han desestabilizado en modo alguno a la Casa Real (tampoco era su objetivo) y libros con material mucho más incendiario como el anónimo "Un rey golpe a golpe", han pasado muy desapercibidos entre la población en general.  

Dentro de este marco político y social, los socialistas hemos salido en defensa de la figura del rey en numerosas ocasiones, siendo plenamente conscientes de que es el apoyo del PSOE el que mantiene la estabilidad de la institución dentro del juego de equilibrios de España. Es evidente que desde el momento en que ese apoyo cesara, el debate se tornaría mayúsculo y habría que afrontar los retos que supone el mecanismo constitucional para la modificación atinente a la monarquía parlamentaria. No veo cercano todavía el momento en que esta situación pueda darse por múltiples razones que no son el objeto de estas líneas.

Pero, humildemente, pienso que quizás sí es necesario reflexionar sobre la extraña situación en la que se encuentra el partido en torno a esta situación. Es evidente y comprensible la necesidad de actuar con prudencia y elegir el tono y las palabras adecuados cuando suceden acontecimientos como el de la cacería africana de hace unas semanas. Pero ello no comporta que la Corona se encuentre exonerada de la crítica política y de la necesidad de acometer también sacrificios en un momento en que la mayor parte de la población está teniendo que aceptarlos sin opciones.

Y, por supuesto, hay una parte creciente de la ciudadanía, a juzgar por las últimas encuestas publicadas, que comprendería perfectamente que se actuara con menor indulgencia en referencia a las actividades de Juan Carlos de Borbón y su familia. Quizás ha llegado el momento en que debemos zafarnos del falso axioma según el cual no podemos formular según que cuestiones por el ya citado temor a desequilibrar la institución y, con ello, el país.


El argumento ha sido sumamente poderoso hasta el momento y, en algunos casos, con motivos más que fundados. Pero también es cierto que ha sido utilizado como excusa para no afrontar algunas cuestiones que están sobre la mesa. No creo que recordarle al rey la bondad de una mayor transparencia en la Casa Real y de sus actividades o, por ejemplo, que el presupuesto previsto para los siguientes ejercicios se verá sometido a los mismos recortes proporcionales que el resto de instituciones, suponga alentar el advenimiento de la IIIª República.

Más bien la opacidad que orbita en torno a su figura y la de su familia están generando el efecto contrario y, si hasta ahora había funcionado como elemento protector indispensable para su fortaleza, actualmente constriñe la necesidad de un mayor aperturismo y publicidad que ya existe desde hace tiempo en otras personalidades políticas de primer nivel, como el Presidente del Gobierno. Sin perjuicio de que en España todavía nos quedan enormes distancias que atravesar en materia de transparencia política.

Por ello, las posiciones políticas pueden adecuarse a lo que demandan los tiempos actuales. Una cosa es pedir un cambio de régimen político y otra muy distinta que la monarquía y la figura del rey deben someterse a ciertas reglas del juego, sin que por ello deba considerarse al partido como radical o extremista por sus exposiciones. Continuar aceptando el chantaje ideológico que predican algunos medios y partidos sobre este asunto, provoca la paradoja de que la crítica hacia la institución monárquica acaba recibiéndola el propio partido. Y ese es un lujo que solo pueden permitirse quienes gozan de invulnerabilidad política. No creo que nadie en nuestra sociedad, más allá de lo que puedan expresar normas de toda condición, pueda ahora ostentarla.

"La desgracia de los reyes es que no quieren escuchar las verdades."

Juan Jacoby.