MI PESADILLA (¿REAL?)

Anoche tuve una pesadilla. No una de esas en la que te persiguen peligros indeterminados y tratas de correr pero una especie de lodazal bajo tus piernas te impide desplazarte con velocidad. Tampoco me encontraba desnudo en un centro comercial, ni en mi trabajo o la calle. Mi pesadilla era mucho más real. Esas son las que hacen daño: las que podrían suceder, las que son posibles.

Comenzaba mi sueño con una escena en la que no podía pagar el material escolar de mi hijo porque apenas tenía dinero para comprarlo: se había encarecido muchísimo tras haber aumentado el impuesto que lo grava 17 puntos. 300 € no me bastaban para asumir esos gastos.

Y es que mi situación financiera había empeorado notablemente desde que me habían despedido hacía unos meses de mi trabajo (sí, también eso me sucedía). Tras muchos años de esfuerzo y sacrificios, además de haber visto reducido mi salario en los dos últimos, me despedían porque la empresa había disminuido sus ingresos durante tres trimestres consecutivos. Yo no podía comprender aquello, porque sus dueños seguían teniendo ejercicios con beneficios. Es cierto que no tantos como el año anterior, pero no perdían nada: al contrario, continuaban ganando dinero. "Ajustes empresariales", me explicaba con la cabeza ladeada el responsable de recursos humanos.

Mantenía la esperanza de que, después de tanto tiempo trabajando, tendría una buena indemnización. Pero en la gestoría me informan que solamente me corresponden 20 días de salario por año trabajado y que mi despido es procedente. En el sueño, podía ver mi cara de estúpido mirando todos aquellos papeles que debía firmar sin posibilidad de enmienda. Tendría que afrontar todos mis gastos (hijo, hipoteca, coche, electricidad, agua, comunidad, comida, medicinas) con ese dinero y lo que me pagaran de la prestación de desempleo mientras durase. 

Pero mis problemas no finalizaban ahí. Mi padre enfermo me llamaba para decirme que tras la última modificación del sistema de pensiones, había dejado de ingresar 400 € anuales y que no podía llegar a fin de mes. "Papá, no será para tanto" le dije, pensando que el viejo exageraba, como siempre. Pero comenzó a desgranarme sus gastos y me explicó que con la subida de la factura de la electricidad, del transporte público, de los medicamentos que antes no tenía que pagar y ahora sí y con el pago del importe del alquiler, además de la comida, no le salían las cuentas. Me crucé de brazos porque ya no podía ayudarle como había hecho en alguna ocasión anterior. Mi problema, básicamente, era el mismo que el suyo: no tenía dinero para afrontar lo cotidiano. Nada de lujos ni gastos superfluos.

Entonces, en mi pesadilla, tengo una idea. Iré a ver a mi primo, el abogado, para reclamar la deuda esa que tiene contraída conmigo Javier, el "amigo" al que dejé 10.000 € hace tres años y no me ha devuelto todavía, además de no responder a mis llamadas. Qué bien me vendría ese dinero...pienso en mi hijo, en mi padre, incluso en la posibilidad de crear algo nuevo, empezar de cero. Pero todo se desmorona en cuanto me explica que tengo que pagar 350 € solamente por poner la demanda (me explica no sé qué de una tasa para la justicia gratuita), además de los honorarios del procurador, obligatorios. Los suyos, me los perdona. Hago números. No tengo los 600 € que necesito siquiera para empezar el procedimiento y todavía me falta un poco para perder lo que me queda de dignidad y pedirle que me los adelante él. 

Rabioso, cabreado, noqueado. No sabía qué hacer en el sueño. Entonces leo en la prensa que se había convocado una manifestación multitudinaria para protestar contra los recortes del Gobierno. Pienso que es mi oportunidad de salir a la calle y poder gritarles a esos sinvergüenzas lo que opino de ellos. De demostrar ante todos los demás que tan solo soy un ciudadano que pide que le dejen vivir. Que no quiero un coche nuevo, ni una tele de plasma, ni hacerme un lifting. Solamente poder levantarme cada día y saber que no voy a volver a pasar otra noche en vela pensando en cómo podrán sobrevivir los míos.

Así que no pierdo el tiempo y animo a otros a que se sumen a la manifestación a través de mi perfil en Twitter. Les digo que si todos los que no podemos más nos plantamos, el Gobierno rectificará. Que esto no puede continuar así. Que somos personas, no números en una base de datos. 

Sin embargo en mi pesadilla, la manifestación se convierte en otra pesadilla. La policía carga con una violencia inusitada contra todos los que nos hemos presentado con pancartas y consignas ante la Delegación de Gobierno. Recibo porrazos tan solo por ayudar a un chaval que se encuentra tendido en el suelo por haber recibido un golpetazo con una pelota de goma en el cogote y escapo tapándome como puedo con las manos la cabeza. 

Como sucede en los sueños, el sentido del tiempo se contrae y en cuanto llego a casa recibo una notificación. Es del juzgado y estoy imputado por la comisión de dos delitos: haber participado en una manifestación que no tenía los permisos legales concedidos ante la sede de un organismo público y haber tuiteado la convocatoria de la misma. Me piden un año de prisión y multa de doce meses por ambas acusaciones. Se me ocurre que por qué no han adjuntado una cápsula de cianuro con la comunicación. Así sería todo más fácil.

Cuando ya tan solo espero que aparezca alguien para que me dé el tiro de gracia despierto en mi cama. Son las 5.00 de la mañana y estoy completamente desvelado. Así que enciendo la tele del comedor y veo las noticias repetidas del telediario. En ellas aparece el Presidente en una comparecencia en la que, extrañamente, no hay periodistas. Tan solo él dirigiéndose a las cámaras. Dice que podemos estar todos tranquilos. Que la crisis ya ha pasado. Que lo mejor está por llegar y que la prima de riesgo ha bajado. Percibo una sensación de alivio y pienso en lo horribles y reales que pueden llegar a ser las pesadillas. Noto como el sueño comienza a vencerme de nuevo y me encamino hacia la cama para acostarme.

   

LAS PRIMARIAS DEL PSOE

El PSOE acordó en la Conferencia Política que tuvo lugar en noviembre de 2013, celebrar elecciones primarias para la designación de sus candidatos a gobernar el país, las CCAA, consejos/cabildos y la mayor parte de municipios de España.

La decisión, aunque no es la primera vez que se usa este formato, supone un avance sin precedentes en la apertura del partido y en su apuesta por la participación democrática. Para la elección del candidato a la presidencia del gobierno las primarias serán accesibles a todos los ciudadanos que así lo deseen, siempre que se apunten en un censo previo, firmen su adhesión a los principios socialdemócratas y abonen 2 €. En las Illes Balears y en Valencia, también se realizarán con este formato para elegir a quienes optarán a la presidencia de los gobiernos autonómicos. 

De esta manera, lo que era una reivindicación de muchos ciudadanos y de gran parte de las bases de la formación se torna en realidad, con todo lo que ello conlleva, que no es poco.

Desde luego, las primarias no son necesariamente requisito exclusivo del funcionamiento democrático de un partido. El método tradicional de elección de listas con delegados para los congresos suele ser criticado por su supuesta falta de legitimidad. Pero no hay que olvidar que la elección de esos delegados se lleva a cabo mediante votación directa de todos los militantes en sus agrupaciones y que la representación delegada no deja de ser un sucedáneo de nuestro sistema de democracia representativa. 

Aún así es cierto que, a priori, es más sencillo para los aparatos de los partidos controlar los procesos congresuales que no un proceso de primarias, porque los delegados que acuden al congreso son menos personas a las que es necesario convencer que todos los militantes del partido.


Sin embargo, hay antecedentes que demuestran que un proceso de primarias no tiene por qué cambiar sustancialmente el equilibrio de poderes que pueda haber en la formación. El Partido Popular de Balears celebró en un mismo año natural un congreso y, posteriormente, unas primarias y los resultados fueron muy similares entre ambos, por ejemplo.

Pero a estas alturas, nadie discute que en una era de anhelos de expansión democrática en la que la voz de todos los militantes se puede escuchar con mucha más facilidad gracias a las tecnologías de la comunicación actuales, resulta difícil negar a los procesos de primarias su capacidad participativa y de apertura de los procedimientos de decisión hacia los integrantes de un partido. 

Ahora bien, junto con esa indiscutible aportación en participación y aperturismo, las primarias también pueden constituir un arma de doble filo si quienes militamos en la formación no somos capaces de superar la tentación de utilizarlas como arma arrojadiza entre partidarios de unos y otros. Al celebrarse dentro de un mismo partido político, el discurso ideológico de los aspirantes no suele diferenciarse mucho. Lo contrario denotaría una grave escisión política en su interior. Entonces, para hallar las diferencias hay que valorar las condiciones personales de los candidatos. Y ahí es donde hay quienes no comprenden que los argumentos públicos a utilizar para defender la elección personal de uno mismo han de formularse en positivo, resaltando las virtudes de nuestro candidato y no enfatizando los defectos del otro.


En mi opinión, no es una buena idea proclamar a los cuatro vientos los posibles vicios de los otros candidatos como justificación de nuestra posición. Porque ese o esa cadidata/o al que criticamos abiertamente puede ser que hayamos de defenderlo mañana ante los verdaderos adversarios políticos en unas elecciones. Y eso puede resultar muy incoherente. Creo que pueden aclamarse perfectamente los valores positivos de todos los aspirantes sin necesidad de tratar de destruir a los demás. Además, entiendo que es preferible escuchar antes argumentos positivos sobre otras personas que no los motivos negativos por los que no debemos apoyarlas. 

Sí comprendo que, en privado, podamos expresar nuestra predilección y explicar por qué no nos convencen otras opciones. Incluso criticar esos posibles defectos. Pero la militancia en un partido político como escenario de debate de cuestiones atinentes a lo público, comporta una responsabilidad en nuestro comportamiento exterior.

Naturalmente, nadie está a salvo de estas prácticas y se llevan a cabo de una manera u otra en casi todos los procesos de primarias por parte de militantes de todas las candidaturas. 

Junto con esta cuestión, el otro efecto que asocio a unas primarias es que pueden polarizar aún más las distintas facciones de un partido. En los procesos congresuales siempre se pueden suavizar algunos roces con la confección de las ejecutivas y de los órganos de dirección del partido integrando a personas de una y otra corriente. En unas primarias, hay un solo candidato vencedor. Y pasan muchos meses hasta que se confeccionan las listas. Incluso puede pasar un año. Eso puede ser positivo para calmar los ánimos o, al contrario, puede agrandar las distancias. Podremos comprobarlo en breve en el caso de Valencia y las Illes Balears.

En consecuencia, se trata de que todos los militantes seamos conscientes de que afrontamos un nuevo periodo de funcionamiento en el partido y que, además de todos las razones que justifican la adopción de primarias, que son muchas, hay otras cuestiones que debemos tener presentes si no queremos que las cosas salgan de manera muy distinta a cómo las habíamos imaginado. La responsabilidad nos corresponde a todos quienes participamos en estos procesos y creo que vale la pena que este partido se tome en serio la introducción de un modelo de participación que puede aportarnos muchísimas cosas buenas si somos capaces de gestionarlo debidamente. 

O SOMOS INTERNACIONALISTAS O NO SEREMOS

El internacionalismo es una de las características inherentes a la socialdemocracia que menos suele ser citada en los artículos y ensayos sobre la misma. La igualdad de oportunidades y la lucha a favor de los más débiles, junto con la búsqueda de la justicia social y la defensa del Estado del Bienestar, encabezan el catálogo de nuestros objetivos. Sin embargo, pocas veces profundizamos en la importancia transversal del primero, cuyo abandono o dejadez deja cojos a los restantes cuando no directamente inalcanzables. 

Ahora que conocemos los estragos que produce la globalización entendida desde una perspectiva únicamente neoliberal, somos capaces de señalar los males del capitalismo y del libre mercado sin controles de tipo alguno o insuficientes. 

Sabemos perfectamente que la exagerada prosperidad de las grandes corporaciones se asienta desde hace más de 40 años en la explotación laboral que llevan a cabo en países con escasa o nula protección a los trabajadores. Hemos sido informados de que la obtención de materias primas se produce en entornos en los que la existencia de una legislación medioambiental es poco menos que una broma. Tenemos constancia de que las trampas y manipulaciones del mundo financiero son posibles por la falta de una mejor regulación internacional en la materia. 

Sin embargo, aún con la certeza de que todos los males y consecuencias que denunciamos tienen una dimensión internacional, somos incapaces desde la socialdemocracia de dar una respuesta unitaria y equivalente al respecto.

Los motivos son varios, algunos de ellos perfectamente visibles en el entorno de la UE. Ante una legislación que elimina requisitos, trabas, impedimentos y demás obstáculos para los objetivos de las grandes empresas, los socialistas europeos no hemos podido enarbolar un discurso y un programa que ataque realmente los problemas citados desde una visión global. Antes de ser socialdemócratas somos españoles, alemanes, italianos o franceses. 

Mientras, los partidos políticos neoliberales no deben preocuparse por una cuestión que resolvieron hace mucho tiempo cuando comprendieron que los intereses del capital y los suyos convergían independientemente de Estados, religiones o diferencias estéticas.

¿Dónde está el programa de objetivos irrenunciables de todos los socialistas europeos que ponga fin a los abusos que hemos podido observar en los últimos años del sector financiero? ¿Existe consenso para la creación de una agencia de calificación de deuda europea pública? ¿Hay acuerdos que comprendan una armonización fiscal que impida que entre los propios miembros de la UE haya deslealtades fiscales que impidan llevar adelante políticas sociales? ¿Sabemos siquiera cuál es el porcentaje que estimamos como aplicable en una hipotética implantación de la Tasa Tobin?

Naturalmente, nuestro trabajo político no se limita a nuestro entorno europeo. Más bien eso debería ser únicamente el principio. Porque ante la proliferación del modelo chino en el que conviven sin dificultad los peores rasgos de una dictadura comunista, con los abusos clásicos del capitalismo salvaje, debemos ser capaces de ofrecer una respuesta legislativa que ponga fin al desarrollo de un prototipo de Estado que es incompatible con la democracia y el enemigo acérrimo del concepto de socialdemocracia. 

La respuesta legislativa, naturalmente, tiene que ir encaminada no solamente a sanciones o restricciones comerciales en el ámbito económico a los citados países, sino que debemos comenzar barriendo en nuestra propia casa: obligando a las grandes empresas occidentales al cumplimiento de requisitos laborales similares a los de nuestro entorno para la contratación de personal en otros países. La complejidad técnica de la medida no es insalvable, desde el momento en que toda la normativa laboral de la OIT y demás convenios laborales universales, hacen referencia a esta cuestión. Se trataría de que el cumplimiento de dichas medidas tuviera un carácter imperativo y de que se discriminara a los países que se negaran a su suscripción.

Lo mismo debe suceder en cuanto a la legislación medioambiental o financiera. Solamente desde una óptica internacionalista se pueden remediar los males que surgen desde ambos ámbitos. 

Porque parece que todavía no hemos comprendido o, mejor dicho, hemos olvidado que los obreros de nuestros días, son no solamente quienes en nuestros respectivos Estados sufren con mayor vehemencia las injusticias sociales y las desigualdades que estas generan. Lo son los de todos los países del mundo porque los objetivos que perseguimos son universales, al estar dirigidos a todas las personas que pueblan este planeta, como seres humanos. 

Difícilmente podemos afirmarnos como socialistas si creemos que el problema a los males del mundo acaba en nuestras fronteras territoriales. No se trata de hombres ni mujeres; de españoles o catalanes; de cristianos o musulmanes: se trata de derechos y personas y en ese objetivo no hay fronteras, géneros, religiones e identidades que valgan más que la de la pertenencia a un mismo lugar y objetivo común.

Por ese motivo, vuelvo a exponer en este espacio que en las próximas elecciones europeas tenemos una oportunidad de poner los cimientos necesarios para que la obtención de estos objetivos comience a ser una realidad y no solamente un mero enunciado de ideas, como también lo son las mías ahora mismo.

Como cito en el texto que titula este artículo, o comenzamos a luchar por conseguir los fines que perseguimos desde una perspectiva global, desde una visión internacionalista, o no seremos. Ni socialdemócratas, ni nada.

SOBRE EL (EUFEMISMO) "DERECHO A DECIDIR"

Hace ahora unos días, el diario El País publicó un artículo que firmaban Joan March y Antoni Garcías. El contenido del mismo resulta más que interesante por la aproximación que realiza a la posible modificación del texto constitucional para el encaje del denominado eufemísticamente "derecho a decidir" (primera y última vez que utilizo el término en este texto) así como la implantación de un Estado federal en la estructura institucional de España. Sin embargo, hay ciertos aspectos de su contenido que me generaron dudas de diversa índole, así que escribí al primero de ellos exponiéndole las mismas. Finalmente, he decidido reflejarlas aquí con el ánimo de añadir mi opinión particular a este debate que tanto espacio ocupa en los medios y las conversaciones. 

Entrando ya en materia, el artículo señala, entre otras cuestiones: 

"Un partido como el PSOE, con más de 100 años defendiendo la democracia como el mejor sistema de gobierno, no puede estar en contra del “derecho a decidir” escudándose en preceptos constitucionales. Defender tal postura bajo el amparo del contrato social por el que un individuo o un grupo de ellos restan vinculados a una estructura política es pervertir la esencia del propio contrato que se centra en la voluntad manifiesta de las partes."

“(…) el requisito indispensable de todo sistema democrático es el de fundamentar la legitimidad de cada decisión en la voluntad de los propios sujetos sometidos a la misma.

Por tanto, si en un determinado territorio, un número importante de ciudadanos que lo habitan manifiestan que quieren poder decidir sobre si este territorio debe seguir políticamente unido a otros, no hay ninguna razón para que una persona que se considere demócrata se pueda oponer frontalmente a que estos ciudadanos puedan expresar libremente su voluntad.”

Entiendo como válida la figura ilustrativa del contrato que une a los ciudadanos con el Estado al “firmar” (comprendido así el voto afirmativo) la Constitución española de 1978, que sería el contrato propiamente dicho. Como bien razonan o argumentan quienes suscriben el contenido, las partes tienen el derecho legítimo a poder desvincularse cuando así lo consideren oportuno de las obligaciones contractuales que les unen. No tengo nada que objetar en este sentido.

Sin embargo, mi escepticismo viene dado por lo que debe entenderse como parte o partes de esta relación contractual. Una de esas partes, creo que no hay discusión al respecto, sería el Estado. Es la otra la que me genera dudas respecto a su consideración. Porque ¿Debemos entender a los ciudadanos como parte en su conjunto global, representantes de todos los españoles cuando votaron en el referéndum del 6 de diciembre de 1978? ¿O debemos entender a los ciudadanos como “partes individuales”, porque únicamente se representaban a sí mismos al ejercer su derecho individual e intransferible a votar? Lo que sí tengo claro es que ninguno de ellos representaba solamente a Cataluña o Baleares o cualquier otra comunidad autónoma como persona jurídica con capacidad para contratar.

En mi opinión, la segunda opción, la de que los ciudadanos son partes individuales resulta menos apropiada por varios motivos. Si seguimos utilizando la metáfora contractual solamente aquellos que ejercieron su derecho a votar como individuos independientes y “no conectados socialmente” y que, en consecuencia, quedaron vinculados estarían legitimados ahora para desvincularse. Eso sería en detrimento de aquellos que no votaron porque no quisieron o pudieron hacerlo ese día.

Con esta argumentación, tampoco las generaciones que han nacido posteriormente  o que no eran mayores de edad en aquel entonces estarían obligadas contractualmente al no haber rubricado con su voto el texto constitucional, por ejemplo.

Así pues, la primera opción, la de que los ciudadanos que pudieron votar representaban de algún modo a todos los españoles de forma genérica, sin restricciones de edad o de vinculación "voto= firma de contrato", creo que se ajusta más a la realidad jurídica y al alcance de la Constitución. Así lo establece en su artículo 9.1, al utilizar la denominación genérica y global de “ciudadanos” sin cláusulas específicas de discriminación:

“Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.”

Pues bien, comprendiendo a la parte que representan los ciudadanos de tal forma, como ente global, considero que un conjunto de ciudadanos españoles como son aquellos catalanes que desearan desvincularse del Estado español, no representan a la totalidad de la ciudadanía que es quien sí tiene, en mi opinión, la plena legitimidad para expresar su voluntad sobre si se efectúan los cambios constitucionales que permitan la desafectación de Cataluña o cualquier otra región de España. Una "parte" de LA PARTE no puede hacer acopio de toda la capacidad de desvinculación o vinculación que le corresponde a esta última. 

Argumentar, por ejemplo, que ciudadanos de Cataluña que pueden constituir una mayoría pueden desvincularse (siguiendo las reglas del Estado de Derecho) del resto de España porque su superioridad cuantitativa en un territorio concreto que no es un ente soberano así lo legitima, supone abrir la puerta a que los ciudadanos de Girona o Lleida, por ejemplo, puedan hacerlo del resto de Cataluña basándose en las mismas justificaciones.

Así pues, solamente veo dos vías u opciones para poder introducir el derecho a que los ciudadanos puedan mediante referéndums decidir sobre la desvinculación de sus territorios del resto del Estado, sin perjuicio de los límites o acotaciones que deberían introducirse sobre el alcance de la palabra “territorio”.

La primera sería que se acometiera la reforma del texto constitucional a través del artículo 168 con todo lo que ello conlleva, es decir: que haya un consenso previo de dos tercios de cada cámara y se proceda a la disolución de las Cortes, para que tras unas elecciones la votación del nuevo texto sea aprobada por dos tercios de ambas cámaras de nuevo y, finalmente, sometida a referéndum en todo el territorio nacional.

La segunda, sería la que plantea el texto de los dos autores respecto a la cesión de la competencia comprendida en el artículo 149.1.32ª de la Constitución. Pero no considero que su cesión fuera tan sencilla en un principio: el referéndum es una de las competencias exclusivas del Estado que figura citada de manera expresa en la Constitución española. Por lo tanto, deja muy poco margen a la interpretación de dicho precepto. No se trata, pues, de una de las competencias a las que alude el 149.3 y, por ello, requiere de una Ley Orgánica de transferencia y delegación, tal y como dispone el artículo 150.2 del texto constitucional.

La aprobación de leyes orgánicas requiere de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, tal y como establece la propia Constitución en el artículo 81.2. Eso nos sitúa de nuevo en la necesidad de un consenso mayoritario de las fuerzas que componen el hemiciclo, o bien que el partido que tuviera mayoría absoluta hubiera propuesto electoralmente la citada delegación de esta competencia concreta y con este objeto. En tal caso tengo mis más que serias dudas de que la obtuviera.

Lo que sí tengo muy claro que es en una cuestión tan sumamente delicada como ésta, no podemos buscar atajos ni soluciones a medias. Cualquier reforma en tal sentido pasa, en mi opinión y por lo ya expresado, porque haya un consenso mayoritario de toda la sociedad española que se vea refrendado en un plebiscito electoral y, posteriormente, se lleven a cabo las modificaciones legales correspondientes para poder ejecutarlo, si esa resulta la opción votada por la mayor parte de los ciudadanos.

No me opongo de manera frontal a que pueda introducirse en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la autodeterminación de una región o comunidad autónoma de España. Como señalan correctamente, a mi juicio, los autores nadie con sensibilidad democrática puede oponerse a tal posibilidad si se confirma que existe una mayoría social que así lo desea. 

Pero la primera regla inquebrantable de una sensibilidad democrática debe ser el cumplimiento de la legalidad para conseguir los objetivos que se persiguen. Si eso comporta un cambio de las normas, hágase, pero siempre siguiendo las reglas del juego y con pleno respecto y sometimiento al Estado de Derecho. 

EL CREPÚSCULO DE LAS CONSOLAS TRADICIONALES

Nos encontramos en la antesala de la irrupción de una nueva hornada de consolas domésticas y si algo podemos ya afirmar, es que a medida que se suceden las evoluciones de éstas, sus capacidades extralúdicas adquieren tanto protagonismo como su función principal, esto es, jugar.

No se trata de algo pernicioso per se. A fin de cuentas, muchos de nosotros nos acercamos a este mundo gracias a los ordenadores de los 80 que nuestros padres compraron en su día “para ayudarnos a estudiar”, lo cual no deja de resultar bastante paradójico.

Además, no somos pocos quienes en las dos últimas generaciones (bueno, salvo que seas nintendero) hemos utilizado sin rubor nuestras consolas como aparatos de reproducción de audio y vídeo. En algunos casos con más asiduidad incluso que su cometido lúdico.

Soy plenamente consciente de que estas líneas constituyen una concesión a la nostalgia sin más finalidad que pasar un buen rato rememorando días ya pasados. Pero lo cierto es que no puedo evitar pensar que había algo mucho más bello, más poético, más auténtico, cuando las consolas servían únicamente para jugar.

Una de las características de aquellas máquinas es que, a diferencia de lo que sucede en la actualidad cuando su diseño ha adquirido una importancia irracional por varios motivos, su aspecto estaba plenamente condicionado por su funcionalidad. Así pues, su arquitectura externa nos muestra que fueron concebidas como artefactos sencillos y pensados para poder albergar sin problemas sus enormes cartuchos (pantagruélicos en el caso de la NES) sin importar en modo alguno su encaje estético en el salón de casa.

A fin de cuentas, por aquel entonces las consolas eran vistas como objetos tan marcianos por la mayor parte de la población que, en cierto modo, tenía sentido que su aspecto no estuviera encaminado a epatar. Además, su falta de funcionalidades al margen de jugar a videojuegos, hacía que su presencia cuando no eran utilizadas fuera tolerada con desagrado por las féminas que en aquellos años dictaban nuestras normas esenciales de convivencia, ergo nuestras madres (hasta su sustitución unos años más tarde por nuestras novias).

Sencillamente, para ellas no tenía sentido aquel trasto rectangular y feo con esos horribles cables por todas partes en el habitáculo donde tenían lugar las comidas familiares, el visionado de partidos de fútbol con nuestro progenitor y de “V”, por ejemplo, con todos los miembros de la casa.

Por otra parte, existe un aspecto que me llama enormemente la atención sobre las máquinas actuales. Y es que una parte no poco importante de sus capacidades están dedicadas a esas otras características que no están relacionadas con el uso de videojuegos. Así pues, sus sistemas operativos están configurados no para optimizar al máximo su rendimiento en potencia de juego, sino que deben ser lo suficientemente versátiles para poder llevar a cabo las otras actividades multimedia para las que han sido diseñadas, consumiendo algunas de ellas no pocos recursos. Así, su software interno requiere por su complejidad una dedicación importante de memoria que no puede ser utilizada para mover una mayor carga poligonal, por ejemplo.

Eso es algo que no sucedía en unos aparatos que estaban concebidos exclusivamente para jugar cuando, en aquel entonces, la separación entre el PC y las consolas era total y absoluta. Sistema operativo era sinónimo de ordenador y de otras opciones, además de poder usar videojuegos. En las consolas, incluso la pequeña cantidad de software que llevaban para poder ejecutar los juegos tenía su finalidad lúdica. Era inconcebible denominar a eso “sistema operativo” tal y como los conocemos.

Y no puedo evitar pensar que lo que apuntaba respecto a las consolas actuales es una concesión más a la fusión de conceptos, un sacrificio en detrimento de la belleza gráfica, de la búsqueda del realismo en los movimientos. La que era una de las principales ventajas del hardware de las consolas en cuanto a los ordenadores, su utilización casi exclusiva para los juegos, está desapareciendo por los mismos motivos que en sus principales rivales, sin tener a cambio la facilidad de actualización que sí siguen conservando los PC y que antaño equilibraba la batalla entre ambos.

La visualización más clara en este sentido se obtiene echando un vistazo a las arquitecturas de Xbox One y PS4: prácticamente ordenadores personales más optimizados para el juego. Quién sabe. Quizás Wii U sea la última consola en lo que hardware se refiere “auténtica”.

Tal vez el problema no es exclusivo del mundo de los videojuegos. Es posible que sea más bien una cuestión de falta de referentes claros en un mundo globalizado donde el objetivo principal es gustar a todos y llegar al máximo número de personas alcanzables. Algo comprensible, desde una perspectiva mercantilista, pero que resulta muy difícil de casar con el aspecto mágico y único que había caracterizado hasta el momento a las consolas que únicamente servían para jugar.

Es de una lógica aplastante: un objeto que solamente tiene un uso puede parecernos hoy en día obsoleto en un mundo en el que la gente utiliza su teléfono móvil hasta para nivelar cuadros pero, en aquel entonces, las consolas eran las propietarias absolutas de la diversión virtual de la casa.

La pregunta que me formulo es cómo recuerdo a la NES, la Mega Drive, la Sega Saturn y la PS1. La respuesta es contundente como un bate con clavos: jugando a ellas. Sin embargo, si pienso en PS2 el visionado de películas ya se cuela entre mis memorias y en el caso de PS3 debo añadir fotos con presentación mientras escucho música de fondo, vídeos a la carta, alquiler de películas, etc.

Supongo que hoy es imposible concebir una máquina que esté exclusivamente pensada para eso, para jugar. Imagino a los gurús de las compañías apretando las palmas de sus manos contra su cuero cabelludo, al contemplar el boceto de un ingeniero romántico y algo perdido que representa un aparato que no se ciñe a los patrones de diseño más vanguardistas; que no tiene otras utilidades más allá de introducirle un juego y ponerse a jugar de inmediato; que su arquitectura interna no tiene otro objetivo que mover el mayor número de polígonos posible, con el mejor sonido y a la máxima resolución.

La felicidad, la diversión, la sensación de evasión que permite jugar a un videojuego es sencilla de enunciar, pero difícil de conseguir. Probablemente responde a que la magia ya perdida reside en el silogismo de que aquello que miramos y no podemos ver es lo simple. O quizás no es así. Quizás la cuestión reside en que no es la tecnología la que ha perdido la capacidad de conseguir las cosas de un modo simple, sino que somos los hombres quienes la hemos extraviado y ahora necesitamos mucho más para conseguir lo que antes no necesitaba de tanto. 

SOBRE LA IMPUTACIÓN DE CRISTINA DE BORBÓN

Ayer el diario El Mundo publicó una noticia según la cual, Cristina de Borbón y Grecia falsificó un documento con el objeto de evadir fiscalmente 12.000 €, dentro del marco del "Caso Nóos". La noticia es una auténtica bomba informativa por cuanto supone la antesala de la más que probable imputación de la susodicha.

Llevamos casi un año de tiras y aflojas entre la fiscalía y el juez instructor del caso sobre este asunto, en los que hemos podido escuchar todo tipo de argumentaciones a favor y en contra de que la hija de Juan Carlos de Borbón tenga que declarar (como imputada o no) en sede judicial. Algunas de ellas vertidas por la defensa de Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarín como, por ejemplo, que si la esposa del Sr. Torres figura como imputada por el mero hecho de aparecer su firma en los documentos de la empresa, por qué no debería estarlo también Cristina. Otras, consideran que debe demostrarse que ésta conocía los tejemanejes que estaba llevando a cabo su cónyuge como paso previo a su imputación.

 

Lo que es incuestionable es que la prudencia y la exigencia exhaustiva de garantías procesales están  presidiendo todos los pasos que se están dando en este intrincado juego ajedrecístico. No es para menos, pues se trata de la hija del Jefe del Estado que, para más señas, es monarca y que, por lo tanto, no puede atajarse la grave crisis institucional que acarrearía su imputación y/o posterior condena con una serie de dimisiones. Si su hija es condenada por la comisión de un delito, la situación en la que queda la institución de la Casa Real es de una delicadeza grotesca. 

A diferencia de lo que sucede con la figura del monarca, que establece el artículo 53.3 de la Constitución española que es inviolable y no sujeta a responsabilidad, no sucede lo mismo con el resto de miembros de su familia. Así pues, Cristina de Borbón no solo sería perfectamente responsable de la comisión de cualquier irregularidad o delito en que hubiera incurrido, sino que además ni siquiera se encuentra sujeta a aforamiento de ningún tipo como sí sucede con parlamentarios o miembros de la Administración de Justicia. 

Precisamente este hecho, que debería facilitar su declaración e hipotética imputación, es decir, que ante la Administración de Justicia se trata de una ciudadana más, es el que está torciendo las leyes y generando tensiones entre distintas facciones del mundo de la justicia y la política. Y es que, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes, está resultando patente que no se trata de una ciudadana más. Al menos no para muchos actores de este particular sainete mediático/jurídico en el que nos encontramos.

Así pues, se está generando una paradoja ciertamente curiosa con toda la protección que desde diversas instancias del Estado se ha tratado de brindar a Cristina de Borbón en la tramitación de todo el procedimiento. Esta consiste en que se está evitando por tantos medios su imputación, se está dejando tan claro que solamente podría producirse ésta si se demuestra su relación directa y el conocimiento de los hechos, que en cuanto se produzca será poco menos que imposible no condenarla. 

La primera imputación del juez Castro fue recurrida por la fiscalía y dejada "en suspenso" hasta que no se llevara a cabo una investigación fiscal total por parte de Hacienda sobre las obligaciones tributarias de la infanta. En esas investigaciones exhaustivas provocadas por la propia protección  desplegada por la fiscalía, ha aparecido este documento que compromete enormemente su inocencia. 

Por otra parte, los seguimientos que al parecer están padeciendo tanto el juez instructor como el fiscal del caso, también son contraproducentes contra los intereses de la investigada. Porque independientemente de quien los haya ordenado, generan todo tipo de presiones innecesarias además de que permiten aventurar las hipótesis más inverosímiles sobre la figura que haya dictado la orden de hacerlo. Y, por último, a algunos nos genera la sensación de que, en realidad, se está tratando de evitar que se descubran asuntos más graves todavía que los que se están dilucidando, que no son poca cosa. 

En las próximas semanas, si no días, saldremos de dudas sobre si se imputa o no a Cristina de Borbón. Dudo mucho que entonces la fiscalía vuelva a oponerse a la misma y entonces comenzará el verdadero vía crucis para la Casa Real. 

Pero lo más grave de todo este asunto es que puede acabar afectando a la propia estabilidad del Estado porque si finalmente es declarada culpable de la comisión de un delito, está por ver cuál será la reacción del Jefe del Estado ante el hecho de que su hija y su yerno hayan sido condenados por hacer negocios ilícitos...por ser su hija y su yerno. Será el momento también de preguntarse qué sabía el propio Juan Carlos de Borbón cuando instó a su yerno a que dejara de lado esos negocios, por ejemplo. 

En cualquier caso, todo esto pone de manifiesto que las leyes sobre transparencia e información de nuestro país están completamente obsoletas, sin perjuicio de su reciente promulgación, así como que cuando se realizan esfuerzos descomunales con el objeto de evitar que suceda algo, lo que se acaba propiciando es que eso suceda por la propia inercia de acontecimientos que nosotros mismos hemos generado con nuestras acciones tendentes a evitarlo. 

Los amantes de Jean de la Fontaine deben frotarse las manos al recordar su frase: "Generalmente encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo."

PABLO MARTIN (PSOE) DISCUTE CON CELIA VILLALOBOS