SOBRE LISTAS ABIERTAS Y LIBERTAD DE VOTO

No son pocas las ocasiones en las que he afirmado que una gran parte de la fundada desafección ciudadana hacia los políticos actual, debe combatirse con mayor transparencia, información y participación.

Efectivamente, son much@s l@s ciudadan@s que ante la profunda decepción surgida de las imperfecciones de los sistemas de democracia representativa, solicitan un mayor grado de participación o una mayor capacidad de elección de quienes después deben representarlos. 

En realidad, el grado de interlocución y comunicación entre los representantes electos y sus electores no depende necesariamente del modo en que estos han sido elegidos. Al contrario de lo que suele pensarse, en España ya se aplica un sistema de listas abiertas en la elección de representantes al Senado, por ejemplo, y ello no supone que la relación entre los senadores y sus electores difiera de la que estos tienen con los diputados. Pero no es menos cierto que sí puede establecerse un vínculo más sólido cuando ha habido una mayor participación directa de los últimos sobre los primeros por motivos evidentes. 

Una de las reivindicaciones más jaleadas en la actualidad es la de los sistemas de listas abiertas como formato para la elección de representantes al Congreso de los Diputados. Es necesario aclarar que por "listas abiertas" no se entiende un solo concepto, sino que son varias las fórmulas que pueden ampararse bajo esta definición.

Así pues, podemos entender por lista abierta aquel sistema por el que l@s ciudadan@s pueden elegir libremente el orden de los candidatos que figuran en las listas. También es conocido este sistema como "lista desbloqueada". En la actualidad, esta forma ha sido propuesta por el PSOE para su aplicación en el sistema de elección de candidat@s al Congreso de los Diputados.

Otra de las variantes sería la ya apuntada para la elección de senadores, es decir: una lista o papeleta en la que figuran candidatos de todos los partidos pudiendo elegirse conjuntamente de formaciones distintas, así como el número de los que desean votarse (con un límite máximo legal, naturalmente).

Sin embargo, la mayor objeción que se plantea al actual sistema de listas cerradas y bloqueadas, es el poder que confiere a los aparatos de los partidos políticos para poder elegir a sus integrantes con criterios que no siempre atienden al mérito y capacidad que sus propios estatutos requieren. Así, l@s votantes tan solo pueden apoyar una papeleta con un orden determinado inalterable y perteneciente a un único partido, sin que puedan elegir a aquellos que les parezcan más oportunos sin importar su afiliación partidista. 

Opino que los partidos políticos siguen siendo imprescindibles para la elaboración de unas listas que se presenten en comicios democráticos por lo que a continuación expondré, pero el sistema es manifiestamente mejorable, desde luego. 

Evidentemente, suena extraordinario desde un punto de vista democrático y participativo un sistema en el que cualquier persona pudiera libremente postularse para ser candidato y, con unos requisitos mínimos exigibles para serlo, poder ser elegido. Sin embargo, el problema no está en las dificultades de logística que esto podría entrañar, las cuales creo que son salvables en su mayoría con la tecnología actual. La cuestión principal estriba, en mi opinión, en que para que tal mecanismo fuera justo y efectivo, debería garantizarse una igualdad de condiciones y oportunidades de partida a todos los contendientes. Y eso es algo muy difícil, por no decir imposible, de conseguir. No puede partir con las mismas condiciones Emilio Botín que un desconocido trabajador asalariado mileurista. La capacidad económica o el conocimiento previo de los electores, son obstáculos muy difícilmente salvables.

En cuanto a la primera, la capacidad económica de los posibles contendientes y las dificultades que deben salvarse para poder financiar sus campañas, podemos asistir a paradojas como la de los congresistas demócratas que votaron en contra de la reforma sanitaria (hasta 30) que su partido propugnaba o de la reforma del sistema financiero estadounidense, sencillamente porque sus campañas electorales habían sido sufragadas por entidades con intereses en ambas materias. Es decir, no se trata ni mucho menos tampoco de un sistema perfecto, sin perjuicio de que, además, en EEUU los candidatos siguen adscribiéndose mayoritariamente a uno de los dos partidos hegemónicos existentes.

Sin embargo, sí es deseable que desde los partidos políticos se permita una mayor participación en la elaboración de las listas mediante el sistema de primarias para la elección de los candidatos a gobernar las instituciones. El sistema recientemente utilizado por el partido socialista de Francia por el cual aquellos ciudadanos que desearan participar sin necesidad de ser militantes pudieran hacerlo abonando una suma simbólica, es un avance muy significativo en materia de participación y transparencia. 

Creo que este sistema unido al desbloqueo de las listas para la elección de candidatos al Congreso de los Diputados que he mencionado anteriormente, puede conseguir unos márgenes democráticamente aceptables en ambas materias. 

La otra reivindicación o cuestión que se plantea, estrechamente relacionada con la primera, es la de la libertad de voto de todos los representantes electos.

La lógica señala que se establece un compromiso entre l@s votantes y l@s elect@s por el cual, cuando se formulan propuestas durante la campaña electoral, después debe votarse en consecuencia con las mismas. No todo es siempre tan sencillo. Más allá de incumplimientos manifiestos y masivos como el que observamos del Gobierno actual, no es menos cierto que un programa electoral es una guía fundamental para la dirección del partido que gobierna, pero que no puede constituirse en una tabla de granito inquebrantable cuando existan circunstancias que requieran variar el rumbo. El problema suele generarse cuando no se explican bien los motivos de tal viraje o no se pulsa la opinión de l@s ciudadan@s cuando se trata de cuestiones de capital importancia.

En realidad la libertad de voto está permitida en nuestro sistema democrático y no son pocas las ocasiones en las que se ha venido practicando. Sin embargo, los partidos pueden sancionar estos hechos debido a que así lo disponen los reglamentos internos que conocen todos los que aceptan ir en las listas representando a las siglas de turno. Lo cierto es que la fortaleza y cohesión de los grupos parlamentarios depende precisamente de su unidad, sin la cual se desmorona por completo su criterio, pero también la propia fortaleza y cohesión de las instituciones como trataré de explicar a continuación.

Así pues, pongamos por caso que debe realizarse una votación sobre una cuestión que beneficia a Cataluña, por ejemplo, pero perjudica a las Illes Balears. En un principio, se supone que los representantes electos de ambas circunscripciones si pudiéramos elegir libremente votaríamos a favor o en contra en función de las mismas. Al ser mayoritario el número de diputados catalanes, acabaría aprobándose la medida. Eso supondría que aquellas CCAA con mayor representación parlamentaria impondrían una "ley del más fuerte" que desequilibraría por completo al Parlamento y al país.

Existen formaciones como el PNV o CIU que, en determinadas ocasiones (Ley del aborto), otorgan libertad de voto a sus representantes. Se trata, sin embargo, de partidos minoritarios que no deciden el resultado final aprobado o rechazado.

En definitiva, existen fórmulas y mecanismos para introducir las muy necesarias transparencia y mayor participación que requieren nuestras instituciones, pero es preciso recordar que en la práctica política no existen sistemas perfectos, sino malos y menos malos, como definía Winston Churchill a la propia democracia. Es precisamente desde el debate y la confrontación de ideas como creo que podemos llegar a mejorarlo, por eso estaré encantado de leer vuestros comentarios y propuestas al respecto.

EXISTEN OPCIONES ALTERNATIVAS

Artículo publicado en el Diario de Mallorca el 6 de agosto de 2012.

EXISTEN OPCIONES ALTERNATIVAS


En las últimas semanas he escuchado en diversas ocasiones, casi siempre en boca del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que los recortes llevados a cabo en las cuentas públicas españolas y nuestro Estado del Bienestar, han sido porque “no había otra opción”.

Comprendo que cuando la cantinela de “la herencia recibida” comienza a oler a naftalina al comparar los datos de los gobiernos socialistas y el actual, se haya instalado la urgencia de cambiar la letra. Pero más allá de las excusas para salir del trance, hay una auténtica declaración ideológica detrás de tal afirmación.

Pretenden difundir el falso axioma de que los recortes son necesarios porque durante todo este tiempo hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. Algo incierto ya que durante los años de crecimiento económico las cuentas públicas españolas llegaron a tener superávit. Quieren hacernos creer que las prestaciones sociales, la educación pública y la sanidad gratuita universal, son lujos que no podemos permitirnos. Y, con ello, introducir su propuesta de modelo de Estado con la mano diestra mientras impulsan debates ficticios mediante sus provocadores oficiales.

Lo cierto es que el actual sistema fiscal no resulta suficiente para conseguir un equilibrio presupuestario que permita garantizar esas prestaciones y es necesario recortar el déficit, sí, pero no como está haciéndolo el Partido Popular: existen otras propuestas que no solamente no generan este intolerable coste social, sino que además contribuirían a que nuestra fiscalidad tuviera una mayor capacidad redistributiva (además de recaudatoria) y  recuperara progresividad.

Desde el partido socialista las hemos propuesto ya en los debates parlamentarios y éstas son algunas de las principales, al no poder figurar todas por problemas de espacio.

Impuesto a las grandes fortunas. Tras la reposición del reformado impuesto sobre el patrimonio por el PSOE en 2011, estaba prevista la implantación de este tributo que ya se aplica en otros países europeos. En su defecto, el PP ahora podría seguir aplicando el primero ya que en 2012 deja de estar operativo. Las previsiones más prudentes estiman en 3.000 millones de €  la cantidad que podría recaudarse con el nuevo gravamen. Exactamente la cantidad que se recortó hace poco en Educación. Es necesario recordar que en las Illes Balears, el ejecutivo de José Ramón Bauzá se ha negado a recaudar la parte que le correspondería del impuesto sobre el patrimonio (unos 30 millones de €) mientras se permite anunciar el cierre de hospitales públicos.

Impuesto de sociedades. Aunque los tipos previstos en España se encuentran dentro de la media europea, las deducciones existentes permiten que las grandes empresas paguen un tipo real cercano al 17% cuando el tipo nominal aplicable es del 30%. Esto perjudica, además, a las PYMES que no compiten en las mismas condiciones que sus homólogas de mayor tamaño. Es necesario, por tanto, reformular este tributo. Una modificación que permitiría ingresar 7.000 millones de €. Más o menos la cuantía que se ha recortado en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Aumento del 10% del impuesto sobre el tabaco y el alcohol. La propuesta dejaría el vino y la cerveza exentos de tal subida, pero el resto de licores aumentaría su gravamen en ese porcentaje junto con el tabaco. El ingreso previsto se estima en, al menos, 1.000 millones de € que podrían ir destinados a financiar, de nuevo, el SNS.

Eliminación de las diputaciones provinciales. A diferencia de los Consells y Cabildos, con funciones muy distintas a éstas, son instituciones que han demostrado su ineficacia en la escena política actual. Su supresión reportaría otros 1.000 millones de €.

Se trata, por tanto, de 12.000 millones de €, ni más ni menos, que permitirían reducir el déficit sin necesidad de adoptar opciones traumáticas para los ciudadanos y dramáticas para las propias cuentas públicas. A diferencia de la desproporcionada e injusta subida del IVA o la introducción de tasas judiciales,  que repercuten en toda la población sin importar su capacidad económica o situación laboral.

Existen otras propuestas igualmente importantes, como la implantación de muchas más medidas contra el fraude fiscal, y no la actual amnistía, que deben abordarse.

Por lo tanto, es absolutamente falso que no haya otras opciones. Sencillamente no quieren abordarse porque el Partido Popular no cree en una salida social de esta crisis. Sus errores en las medidas adoptadas para acortar el déficit están generando más recesión, más pérdida de poder adquisitivo, más parados. El consumo, entonces, disminuye y con él la recaudación, lo cual obliga, paradójicamente, a más recortes. Un efecto perverso en el que el actual Gobierno nos tiene sumidos.  Están a tiempo de recapacitar y cambiar de rumbo. Entonces, les estaremos esperando.

Pablo Martín Peré

POR QUÉ ME GUSTA LA POLÍTICA

Las bromas y refranes que circulan en torno a la política son innumerables y, la mayor parte de ellas, con un sesgo peyorativo que contribuye a desprestigiarla aún más de lo que ya lo está. Desde lugares comunes como el ya trilladísimo "todos los políticos son iguales/corruptos", a comentarios llenos de ingenio como el también muy conocido "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados."  que el gran Groucho Marx parece que tomó prestado de Ernest Benn.

Respecto a la relación de la corrupción con la política, un tema que da para escribir un artículo enciclopédico, siempre he sintetizado mi pensamiento con esta sentencia: quien cree que todo el mundo puede comprarse, es que también está dispuesto a venderse. Es evidente que los casos de corrupción actuales han influenciado enormemente en la situación de tremenda desafección que atravesamos, pero lo que muchos ciudadanos no parecen dispuestos a aceptar es que la descomposición ética de los políticos que la han practicado sería imposible sin el concurso de la propia sociedad. 

Pero más allá de estas reflexiones, son pocas las ocasiones en las que las personas que hemos decidido dar un paso adelante y tomar parte activa en el ejercicio político explicamos los motivos o razones que nos llevaron a ello. Opino que es interesante conocerlas porque de esta manera podemos comprender mejor la labor de las personas que dedican un tiempo muy importante de sus vidas a la materia y también su trayectoria. Así pues, voy a explicaros mis argumentos y, si no os gustan, a diferencia de Groucho y sus principios, no tengo otros.

Al margen de que en un país democrático de alguna manera todos somos políticos en algún momento de nuestras vidas, tomar la decisión de afiliarme al PSOE no es algo que sucedió de la noche a la mañana. Quienes me conocen saben que siempre me habían interesado estas cuestiones y que mi inclinación por estudiar derecho, aparte de otros motivos, estaba estrechamente relacionada con mi interés por la política.

A los 18 años, en mayo de 1995, tras darle muchas vueltas a las repercusiones que podía tener en mi vida esa decisión (a la vista están hoy) me planté en la sede del partido en Palma de Mallorca. Ante la estupefacta administrativa que no podía creer que un joven quisiera ser miembro de la formación en un momento especialmente delicado como ese, rellené los datos del formulario y a las pocas semanas me llegó el carné de militante.

El razonamiento fue, más o menos, el siguiente: "creo que la sociedad en la que vivimos puede y debe mejorar, y puedo contribuir de dos maneras: con los actos que realizo en mi propia vida y/o a través de un partido político". Sin perjuicio de que es imposible estar 100%  de acuerdo con TODOS los postulados políticos de un partido en concreto o, mejor dicho, con los de su dirección, el PSOE era quien más se acercaba a las ideas que tenía sobre la justicia social, la igualdad de derechos y la de oportunidades. Además, tenía ya un familiar muy cercano que militaba en él y eso inclinó la balanza definitivamente.

Fue a través de las Juventudes Socialistas como conseguí implicarme de manera más directa en la labor política. Nos reuníamos varias veces por semana para plantear alternativas a lo que entendíamos que eran los problemas principales de los jóvenes de aquel entonces. Recuerdo montones de tardes e incluso noches con l@s compañer@s, trabajando en mil y un proyectos algunos de los cuales no llegaban a ningún sitio y otros hasta podían llegar a buen puerto. No eran pocas las veces que renunciaba a quedar con mis amigos porque tenía actividades políticas que realizar, pero ellos siempre lo aceptaron, aunque no todos lo entendían.

Mucha gente, probablemente debido al carácter privado de muchos actos del partido en aquellos años, desconocía la labor que llevábamos a cabo la mayor parte de sus militantes. Todavía hoy existe la idea de que todos los integrantes tienen estupendos sueldos con cargo al erario público o bien financiados por la propia formación. Eso no es así. En el caso de mi partido regional, el PSIB-PSOE, nadie que no sea personal administrativo o técnico tiene un salario y  el de los que lo tienen, lo pagan sus propias (y paupérrimas) arcas. 

Si la actividad política de mi formación es factible es porque miles de personas dedican su tiempo de manera desinteresada (con el coste económico de pagar las cuotas) a la labor política. La mayor aparte de ell@s, ciudadan@s anónim@s sin cargo institucional y, en muchas ocasiones, tampoco orgánico, que luchan por defender una idea en la que creen y por la que están dispuest@s a realizar sacrificios personales, familiares e incluso económicos. 

Creo que no me equivoco si afirmo que la mayoría de individuos que he conocido han desempeñado esa tarea durante gran parte de su trayectoria política, en un momento u otro.  

Por supuesto que existen también trepas, oportunistas y bribones que se aprovechan del trabajo de otros y tratan de utilizar con un fin personal y/o lucrativo, y nunca con vocación de mejorar la realidad que nos rodea, a la política. Están en todas las capas de la sociedad y los partidos políticos no iban a ser menos. Pero, al contrario de lo que suele creerse, se les detecta rápidamente y no suelen prolongar mucho su periodo de actividad precisamente por ese motivo. Así y todo, sigo abogando porque la transparencia y la participación permiten erradicar con mucha más celeridad este tipo de conductas.

En cualquier caso, para mí, la política es la herramienta con la que puedes convertir en posibles cosas que se tienen por imposibles; la que permite, incluso hoy en día a pesar de su desprestigio, que en todos nosotros siga plantada la esperanza de que puede existir un futuro mejor; la que cuando se utiliza en su acepción más pura ética y semántica, ennoblece a las personas que la practican y facilita la vida de sus destinatarios; finalmente, la que debe obligarte a desear para los demás las mismas facilidades y oportunidades que deseas para ti mismo.

Eso es lo que entiendo por política y el motivo por el que a pesar de que hoy en día no sea la actividad más prestigiosa, ni la más agradecida, sigo creyendo en ella y en los hombres y mujeres que dedican algunos de los mejores años de sus vidas a compartir y desplegar esa idea. Es evidente que, a tenor de la imagen que tenemos y de la reputación que ostentamos, tod@s debemos esforzarnos muchísimo más por devolver a esta palabra el significado que merece. Quizás pensaréis que es un objetivo imposible. Por eso me metí en política.

EL FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Hace poco escribí una entrada en la que hacía referencia a cuáles son las condiciones de los parlamentarios españoles (en las Cortes Generales) con el objeto de informar sobre una cuestión que todavía no es lo suficientemente conocida por la mayor parte de los ciudadanos. También quería desmentir las falsedades e incorrecciones que en un correo electrónico titulado "ES INDECENTE" figuran y que habían motivado que muchísimas personas me preguntaran a mí y otros compañeros por esta cuestión.

Mis limitaciones como narrador son evidentes y eso ha motivado que muchos lectores pensaran que estaba tratando de justificar o excusar algo, cuando la intención era la apuntada anteriormente. Por eso esta nueva entrada comienza (ahora sí) con esta justificación. Para que no haya lugar a equívocos sobre su finalidad: que los ciudadanos conozcan un poco más la actividad del Congreso de los Diputados y la labor de los parlamentarios. A propuesta de un lector (o lectora), por cierto.

Para comenzar, es preciso conocer cuál es la labor principal que la Constitución y las leyes le otorgan a la Cámara Baja. Concretamente son tres: legislar, el control del Gobierno y, por último, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Al contrario de lo que muchas personas creen, la iniciativa legislativa no nos corresponde normalmente, sino que esta pertenece al Gobierno. En el Congreso y el Senado se debaten sus propuestas, aparte de las que puede presentar la oposición (Proposiciones de Ley, Proposiciones no de Ley).

Sin embargo, la mayor parte de la actividad parlamentaria que realizamos, además de en nuestras circunscripciones, se lleva cabo en las comisiones. Las hay permanentes, con capacidad legislativa o sin, temporales y subcomisiones. La mayor parte de ellas está compuesta por 43 diputados y, fundamentalmente, se debaten Proposiciones no de Ley, preguntas orales al Gobierno y, en ocasiones, Proyectos de Ley. También se celebran comparecencias. Cada diputado pertenece, al menos, a dos de ellas, si bien muchos estamos presentes en 3 o más. Según la función en la misma (miembro de la Mesa, portavoz o vocal) varía la actividad del parlamentario. Todas las sesiones pueden visualizarse a través de la web, tanto en directo como en diferido.

Así pues una semana digamos "normal" en el Congreso de los Diputados comienza con una reunión el lunes a las 18.00 de la "Permanente" del Grupo Parlamentario. Al menos, por parte de los socialistas. En ella nos reunimos los portavoces de las distintas comisiones, junto con la dirección del GPS para examinar el orden del día de la semana, exponer la posición del grupo y comentar cuestiones de política en general. La duración varía según la semana.

Los martes, a las 09.30 se reúne el GPS al completo para realizar un cometido similar. Sobre las 10.30 comienza la celebración de las citadas comisiones, que puede extenderse hasta las 13.30 (lo habitual), si bien en ocasiones acabamos a las 15.00. A las 16.00 se inicia el pleno que se celebra en el hemiciclo. Se debaten Proposiciones de Ley, Proyectos de Ley, Proposiciones no de Ley y Mociones. Dura habitualmente hasta las 21.00 horas, si bien no son extrañas las sesiones que se alargan hasta las 22.30. Excepcionalmente, podemos llegar a las 2.00 de la madrugada.

A las 09.00 del miércoles comienza la sesión de control al Gobierno. Preguntas orales e interpelaciones. Al finalizar, se celebran nuevas sesiones de comisiones. Estas pueden iniciarse también a partir de las 16.00. Suelen terminar, normalmente, a las 20.00.

Los jueves empezamos a las 09.00 horas debatiendo principalmente las enmiendas que llegan del Senado y la convalidación de Real Decretos-Leyes. Al finalizar los plenos, también pueden celebrarse comisiones.

Al margen de esta actividad, presentamos preguntas escritas que el Gobierno tiene la obligación de contestar, solicitudes de comparecencias y solicitudes de informes. Toda la actividad de cada diputado puede consultarse directamente desde la web del Congreso a través de su ficha, y ver sus iniciativas y sus intervenciones.  

Digamos que este es el funcionamiento común de la Cámara, el que se lleva a cabo la mayor parte del año. Se modifica cuando se aprueban los PGE o cuando se celebran sesiones extraordinarias para que comparezca el Presidente del Gobierno u otras cuestiones diversas.

Es necesario recordar que cuanto más grande es el grupo del que se forma parte, menos actuaciones se producen por parlamentario, por motivos obvios. Así pues, lo normal es que los miembros de partidos con escasa representación parlamentaria (IU, UPyD, PNV, etc) tengan un nivel de actividad "formal" más elevado que el de los partidos mayoritarios.

Esta es la actividad que se lleva a cabo en sede parlamentaria de manera habitual, en nuestras respectivas circunscripciones difiere enormemente en función del diputado y la propia circunscripción, si bien es común a todos la participación en medios de comunicación (oral y escrita) y actividades políticas y de partido.

He tratado de escribir este texto con carácter general y sin personalizarlo excesivamente, pero estoy a vuestra disposición para contestar a todas las preguntas que queráis realizar respecto al mismo.

Estreno canal en Youtube en el que iré poniendo mis intervenciones

ES NECESARIA MÁS TRANSPARENCIA Y PROXIMIDAD

Compruebo preocupado estos días que el Partido Popular está llevando a cabo un ejercicio de opacidad y oscurantismo total ante muchas de las medidas que están adoptando, sin precedentes en nuestra democracia. Tal es el mismo, que los propios ministros y portavoces deben contradecirse sobre lo apuntado unas horas antes porque ni siquiera ellos mismos conocen exactamente qué es lo que están anunciando ante los atónitos medios de comunicación. Por ese motivo, no son pocas las ruedas de prensa en las que las preguntas no se permiten.

Y mi preocupación se debe no solamente a la falta de ética democrática que esta actitud conlleva, sino también a que la desafección que genera entre los ciudadanos está alcanzado cotas intolerables para cualquier sociedad que pretenda avanzar.

Efectivamente, he podido experimentar por mí mismo que mucha de la desconfianza a la que me refiero se debe a la total falta de información que tienen los ciudadanos sobre la labor que realizamos sus representantes electos. Cuanto más elevada es la responsabilidad, más desconocido es nuestro trabajo, algo que me parece muy incoherente, por otra parte.

En las últimas semanas he tratado de aclarar algunos aspectos relativos a nuestras asignaciones, equipos y logística como un intento de acercar algo más nuestra realidad cotidiana al resto de ciudadanos. Pero he constatado que la herida es profunda y que son muchos aquellos que creen todavía las falacias relativas a las supuestas prebendas vitalicias de las que disfrutamos o sobre el número de políticos que existe en España.

En cualquier caso, hemos dejado durante demasiado tiempo que este tipo de desinformaciones se propagaran extendiendo su letal mensaje sin reaccionar debidamente y, ahora, las propias deficiencias de nuestro sistema generan un efecto expansivo de las consecuencias. Por ello considero que cualquier esfuerzo que se realice en este aspecto, es poco.

Recientemente planteamos en el pleno del Congreso de los Diputados que la Comisión de Peticiones pasara ser una Comisión de Participación Ciudadana, en la que pudieran debatirse asuntos del interés directo de otros ciudadanos, en la que ellos mismos pudieran exponer sus argumentos de forma directa y, por lo tanto, participar del debate. La propuesta se hacía extensiva también a otras comisiones. Naturalmente, aún se puede ahondar mucho más en esta materia, pero era un primer paso importante. Todos los grupos apoyaron la iniciativa, salvo el PP, argumentando este último razones técnicas para no hacerlo.

Sin embargo, la verdadera transformación en materia de transparencia no debe llevarse a cabo en las instituciones democráticas españolas. Al menos, no solamente en éstas, sino que debe materializarse en las mentes de todos y cada uno de los que ostentamos una representación electa u orgánica política. Todavía compruebo asombrado como el mundo de las redes sociales y de las tecnologías de la comunicación y la información es absolutamente ajeno para muchos de quienes tendrían que haberse habituado ya a su uso diario. Y hoy en día son un elemento esencial que permite aproximar las tareas políticas al resto de la gente y que esta pueda opinar y, en consecuencia, enriquecer el debate y conocer los motivos.

Afortunadamente, cada día son más l@s compañer@s que sin importar su edad y sus conocimientos previos se adentran en las entrañas de Twitter, Facebook y otras plataformas virtuales, pero si cada uno de nosotr@s hiciera un uso productivo y constante de estas herramientas, tengo la certeza de que una parte de la pésima percepción que pesa sobre nuestras cabezas se atemperaría.

Y es que respecto a la necesidad perentoria que tenemos de recuperar parte de la confianza perdida, pienso que la transparencia y la proximidad son indispensables para ello. La primera porque elimina las suspicacias que pudieran generarse sobre los intereses que nos mueven al adoptar decisiones. Seguirían siendo discutibles, por supuesto, tal y como es necesario en una sociedad democrática. Pero también se comprenderían mejor. La segunda, la proximidad, porque es completamente humano desconfiar de aquello que desconocemos. Y la percepción que hasta el momento se ha tenido sobre much@s de nosotr@s es que habitábamos en palacios de hielo, cuyas paredes no eran traspasadas por las peticiones y sugerencias del resto de personas.

Las preguntas que cabe formularse es: ¿Cómo podemos generar confianza si somos los primeros que parecemos no confiar en los demás? ¿Cómo podemos hacer que crean en nosotros si no creemos en ellos? Esas son algunas de las apreciaciones que me han planteado en estos últimos años y con mucha razón la mayoría de ellas.

Siempre me ha gustado una definición sobre la confianza según la cual, esta no supone conocer todas las respuestas, sino estar abierto a todas las preguntas. Y ésa es la meta que debemos fijarnos para una mejor percepción sobre la realidad política por parte de todos: que cualquier persona sin importar su capacidad económica, sus medios, sus ideas ni su ubicación, pueda acceder de manera real a nuestro trabajo y preguntarnos todas las dudas que sobre el mismo se le antojen.

Y los cambios a los que apunto deben forjarse de manera inmediata. Sin dilación. No podemos permitirnos más el lujo de que los ciudadanos no se identifiquen con sus representantes electos, porque desde el momento en el que los mecanismos tradicionales de la democracia devienen inútiles, se abona el terreno para discursos populistas que esconden finalidades contrarias a la libertad y la democracia. Y eso es algo que nadie debería estar dispuesto a aceptar.

CUANDO FUIMOS LOS MEJORES...

Hace unos días, mientras leía los comentarios más o menos ingeniosos en Twitter de algunos usuarios, me topé con uno que decía: "El gran problema de la socialdemocracia es que sus representantes nunca se han comportado como socialdemócratas". Más allá de la ocurrencia en sí, lo cierto es que la frase se hacía eco del dicho, entre otros, según el cual los socialistas se vuelven conservadores en cuanto se convierten en ministros. 

Ahora mismo, hemos de afrontar la acusación que afirma que formulamos propuestas más beligerantes cuando nos hallamos en la oposición, y que después no cumplimos cuando nos encontramos en el poder. Desde luego, no es una estupidez cualquiera que se pueda desechar sin un mínimo análisis, especialmente cuando algunas de las voces provienen de nuestras propias filas. Sin embargo, también hay cierta dosis de inexactitud en esa aseveración como ahora trataré de explicar.

Durante los últimos dos años de gobierno socialista en los que la crisis mostraba su faceta más cruenta (2009-2011), me llegaban por todas partes lamentaciones que hacían referencia a un pasado glorioso no solo del PSOE, sino de la propia socialdemocracia. Algunas de estas voces reflexionaban que el partido había sufrido una involución y que la socialdemocracia "está en crisis".

Por lo que respecta a España y los socialistas, situé mi pensamiento en el comienzo de nuestro actual periodo democrático, ya que sería absurdo pretender establecer una comparación del momento actual con otras épocas anteriores (fundación del PSOE, IIª República, Guerra Civil, Franquismo).  

Cuando los socialistas tuvimos que afrontar la responsabilidad de gobierno que nos dieron las urnas de manera más que holgada en 1982, había todo un país por construir y una Constitución por desarrollar. Una tarea hercúlea como pocas. Pero al mismo tiempo, mucho más gratificante, al ser el margen de actuación mucho más amplio.

Derechos y prestaciones que ahora nos parecen irrenunciables tan solo eran ensoñaciones políticas. No fue hasta 1985 en que se desarrolló el precepto constitucional en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) que junto a la Ley de Reforma Universitaria (LRU), introdujeron los cimientos sobre los que una educación pública como derecho que permita la igualdad de oportunidades, se ha erigido en este país.

Pero incluso un exministro de la talla de José María Maravall reconoce haber cometido algunos errores en la elaboración de la LODE que han tenido sus consecuencias en el presente. Con ello no pretendo restar mérito al que, probablemente, ha sido el mejor ministro de Educación que ha tenido España. Sería absurdo por mi parte siquiera pensar que los comentarios que yo pueda hacer pueden constituir una mancha en su historial, pero sí pretendo hacer constar que tendemos a recordar siempre las cosas con mayor brillo del que tuvieron.

Otro tanto sucede con el Sistema Nacional de Salud (SNS) instaurado en 1986 y con la Ley General de Sanidad. Fue otro insigne socialista, Ernest Lluch, quien se encargó como ministro en aquel entonces de configurar el armazón sobre el que se desarrolla la prestación de un sistema de salud universal, público y gratuito. Curiosamente, los mismos defectos que podrían asociarse a la LODE pueden achacarse a esta norma, por cuanto no se cerraron los puentes a los posibles (hoy reales por obra y gracia del PP, Esperanza Aguirre, José Ramón Bauzá, Ana Mato,  y compañía) boicots que podían prepetrarse desde las comunidades autónomas.

Por lo tanto, tampoco nuestras grandes aportaciones están exentas de crítica y de matices respecto de los logros alcanzados.

En cualquier caso ambas leyes, a pesar de sus carencias y defectos, han permitido construir un Estado del Bienestar cuyo desarrollo no se ha llevado a cabo de manera inmediata, sino a través de los distintos gobiernos socialistas de los 80, 90 y 2004-2011.

La sanidad y la educación públicas constituyen, junto con el sistema de pensiones y la Ley de Dependencia los denominados pilares del citado Estado del Bienestar. Pero a menudo se omite que estos derechos constitucionales, poco o ningún sentido tendrían si no estuvieran acompañados de otros derechos civiles igualmente fundamentales. Me refiero (aparte del derecho a la libertad de expresión o de asociación), al derecho a una igualdad efectiva de género (no podemos reivindicar una igualdad de oportunidades general si entre hombres y mujeres todavía no está garantizada), el derecho a poder contraer matrimonio con la persona amada sin importar su sexo,  o el desarrollo de la mencionada Ley de Dependencia.

En este instante en el que el maremágnum económico barre con todo, es difícil apreciar en su justa medida cualquier avance que se haya llevado a cabo que no sea en la citada materia, en  la que más bien lo que ha habido han sido retrocesos. Pero cuando podamos juzgar con perspectiva suficiente los logros obtenidos en los años de José Luís Rodríguez Zapatero en relación a los derechos citados, sabremos apreciar el esfuerzo realizado cuando parecía que poco podía hacerse ya en este sentido. Otra valoración distinta se puede hacer en materia económica y fiscal, desde luego.

He querido dejar para la última parte de este texto, la referencia a las políticas económicas y fiscales desempeñadas por los progresistas en España.

No es necesario ahondar en el tremendo impacto para la economía de los países y, en consecuencia, de las prestaciones sociales de los mismos que han tenido las políticas neoliberales. Una gran parte de las veces, ejecutadas por sus principales paladines (Reagan, Thatcher, Major). Otras por supuestos enemigos de las mismas cegados por el fulgor de tiempos de bonanza impostada (Blair, Schröder y, en menor medida, Zapatero).

Pero más allá de la certeza de que la Tercera Vía conducía a un precipicio político para la socialdemocracia, es justo también realizar una serie de consideraciones sobre la realidad de una política fiscal progresiva y redistributiva en el marco de una economía global y europea.

Resulta evidente que la realidad actual de los Estados dista mucho de la que imperaba en los 70 y los 80. Por aquel entonces, la globalización, aunque ya enunciada, se encontraba en estado embrionario y sus consecuencias tardarían décadas en padecerse. Así pues, las políticas fiscales de los países podían permitirse tipos muy elevados que grabaran las rentas de trabajo más cuantiosas, así como a las empresas en función de su tamaño y facturación. No había otros Estados que pudieran dejar en aguas de borraja estas políticas.

La división existente entre los bloques capitalista y comunista impedía que las distintas regulaciones laborales generaran las desigualdades competitivas actuales. La deslocalización de las fábricas y empresas, aunque ya existía, se hacía entre Estados con ciertas similitudes e incluso dentro del propio país (algo apuntado por Bernstein en "Las tareas de la socialdemocracia").

Sin embargo, la entrada en la UE, los Tratados de Maastricht y Schengen, el Euro, la caída del bloque comunista y el desarrollo de la globalización han propiciado que los Estados sean incapaces de afrontar los retos políticos actuales por sí solos.

Y respecto a las políticas fiscales, comprobamos como incluso dentro de la propia UE existen desigualdades brutales que facilitan que, por ejemplo, empresas como Apple tributen en Irlanda al 12,5 % las ganancias de sus tiendas en España, donde el tipo nominal (que no real) aplicable sería de entre el 25% y el 30%.

La existencia de países europeos como Suiza, Luxemburgo, Andorra, San Marino, Mónaco o Liechtenstein, torna en absurdo cualquier discurso para acabar con los paraísos fiscales de ultramar. Por lo tanto, según que afirmaciones sobre las posibilidades actuales de políticas fiscales progresivas deben ser realizadas teniendo en cuenta está coyuntura.

En consecuencia, la situación es completamente distinta en la actualidad, pero mucho más compleja de abordar. Un problema global requiere de una respuesta global. Y no es que la socialdemocracia no tenga una solución que proponer: el internacionalismo ha sido una de sus premisas ya desde los tiempos de Bernstein. Pero resulta evidente que la coordinación y cooperación necesarias para poder afrontar un reto de estas características, suponen una dificultad a la altura, cuando no mayor, que la que tuvimos que afrontar los socialistas en la España de principios de los 80.

Así pues, no creo que nuestra ideología ya haya dado lo mejor de sí. No considero que cualquier tiempo pasado fuera mejor. Más bien al contrario, es ahora cuando más sentido tienen nuestras ideas. La socialdemocracia no está en crisis, sino que más bien, la crisis solamente se superará con más socialdemocracia.  En nuestro país, ante la deconstrucción del Estado del Bienestar ya tenemos un ejercicio mayúsculo de reposición por delante, pero es en Europa donde se han de formular los principales cambios necesarios a través de propuestas globales: más armonización fiscal y laboral, mejor regulación financiera, agencias de calificación públicas, eurobonos, tasa Tobin, etc.

Habrá quienes elijan quedarse con el pasado, a pesar de que este nunca es tal y como lo recordamos. Mientras tanto, otros preferimos trabajar en el presente para conseguir un futuro que se asemeje a lo que deseamos.