Artículo publicado en el Diario de Mallorca el 6 de agosto de 2012.
EXISTEN OPCIONES ALTERNATIVAS
En las últimas semanas he escuchado en diversas ocasiones, casi siempre en boca del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que los recortes llevados a cabo en las cuentas públicas españolas y nuestro Estado del Bienestar, han sido porque “no había otra opción”.
Comprendo que cuando la cantinela de “la herencia recibida” comienza a oler a naftalina al comparar los datos de los gobiernos socialistas y el actual, se haya instalado la urgencia de cambiar la letra. Pero más allá de las excusas para salir del trance, hay una auténtica declaración ideológica detrás de tal afirmación.
Pretenden difundir el falso axioma de que los recortes son necesarios porque durante todo este tiempo hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. Algo incierto ya que durante los años de crecimiento económico las cuentas públicas españolas llegaron a tener superávit. Quieren hacernos creer que las prestaciones sociales, la educación pública y la sanidad gratuita universal, son lujos que no podemos permitirnos. Y, con ello, introducir su propuesta de modelo de Estado con la mano diestra mientras impulsan debates ficticios mediante sus provocadores oficiales.
Lo cierto es que el actual sistema fiscal no resulta suficiente para conseguir un equilibrio presupuestario que permita garantizar esas prestaciones y es necesario recortar el déficit, sí, pero no como está haciéndolo el Partido Popular: existen otras propuestas que no solamente no generan este intolerable coste social, sino que además contribuirían a que nuestra fiscalidad tuviera una mayor capacidad redistributiva (además de recaudatoria) y recuperara progresividad.
Desde el partido socialista las hemos propuesto ya en los debates parlamentarios y éstas son algunas de las principales, al no poder figurar todas por problemas de espacio.
Impuesto a las grandes fortunas. Tras la reposición del reformado impuesto sobre el patrimonio por el PSOE en 2011, estaba prevista la implantación de este tributo que ya se aplica en otros países europeos. En su defecto, el PP ahora podría seguir aplicando el primero ya que en 2012 deja de estar operativo. Las previsiones más prudentes estiman en 3.000 millones de € la cantidad que podría recaudarse con el nuevo gravamen. Exactamente la cantidad que se recortó hace poco en Educación. Es necesario recordar que en las Illes Balears, el ejecutivo de José Ramón Bauzá se ha negado a recaudar la parte que le correspondería del impuesto sobre el patrimonio (unos 30 millones de €) mientras se permite anunciar el cierre de hospitales públicos.
Impuesto de sociedades. Aunque los tipos previstos en España se encuentran dentro de la media europea, las deducciones existentes permiten que las grandes empresas paguen un tipo real cercano al 17% cuando el tipo nominal aplicable es del 30%. Esto perjudica, además, a las PYMES que no compiten en las mismas condiciones que sus homólogas de mayor tamaño. Es necesario, por tanto, reformular este tributo. Una modificación que permitiría ingresar 7.000 millones de €. Más o menos la cuantía que se ha recortado en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Aumento del 10% del impuesto sobre el tabaco y el alcohol. La propuesta dejaría el vino y la cerveza exentos de tal subida, pero el resto de licores aumentaría su gravamen en ese porcentaje junto con el tabaco. El ingreso previsto se estima en, al menos, 1.000 millones de € que podrían ir destinados a financiar, de nuevo, el SNS.
Eliminación de las diputaciones provinciales. A diferencia de los Consells y Cabildos, con funciones muy distintas a éstas, son instituciones que han demostrado su ineficacia en la escena política actual. Su supresión reportaría otros 1.000 millones de €.
Se trata, por tanto, de 12.000 millones de €, ni más ni menos, que permitirían reducir el déficit sin necesidad de adoptar opciones traumáticas para los ciudadanos y dramáticas para las propias cuentas públicas. A diferencia de la desproporcionada e injusta subida del IVA o la introducción de tasas judiciales, que repercuten en toda la población sin importar su capacidad económica o situación laboral.
Existen otras propuestas igualmente importantes, como la implantación de muchas más medidas contra el fraude fiscal, y no la actual amnistía, que deben abordarse.
Por lo tanto, es absolutamente falso que no haya otras opciones. Sencillamente no quieren abordarse porque el Partido Popular no cree en una salida social de esta crisis. Sus errores en las medidas adoptadas para acortar el déficit están generando más recesión, más pérdida de poder adquisitivo, más parados. El consumo, entonces, disminuye y con él la recaudación, lo cual obliga, paradójicamente, a más recortes. Un efecto perverso en el que el actual Gobierno nos tiene sumidos. Están a tiempo de recapacitar y cambiar de rumbo. Entonces, les estaremos esperando.
Pablo Martín Peré
En las últimas semanas he escuchado en diversas ocasiones, casi siempre en boca del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que los recortes llevados a cabo en las cuentas públicas españolas y nuestro Estado del Bienestar, han sido porque “no había otra opción”.
Comprendo que cuando la cantinela de “la herencia recibida” comienza a oler a naftalina al comparar los datos de los gobiernos socialistas y el actual, se haya instalado la urgencia de cambiar la letra. Pero más allá de las excusas para salir del trance, hay una auténtica declaración ideológica detrás de tal afirmación.
Pretenden difundir el falso axioma de que los recortes son necesarios porque durante todo este tiempo hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. Algo incierto ya que durante los años de crecimiento económico las cuentas públicas españolas llegaron a tener superávit. Quieren hacernos creer que las prestaciones sociales, la educación pública y la sanidad gratuita universal, son lujos que no podemos permitirnos. Y, con ello, introducir su propuesta de modelo de Estado con la mano diestra mientras impulsan debates ficticios mediante sus provocadores oficiales.
Lo cierto es que el actual sistema fiscal no resulta suficiente para conseguir un equilibrio presupuestario que permita garantizar esas prestaciones y es necesario recortar el déficit, sí, pero no como está haciéndolo el Partido Popular: existen otras propuestas que no solamente no generan este intolerable coste social, sino que además contribuirían a que nuestra fiscalidad tuviera una mayor capacidad redistributiva (además de recaudatoria) y recuperara progresividad.
Desde el partido socialista las hemos propuesto ya en los debates parlamentarios y éstas son algunas de las principales, al no poder figurar todas por problemas de espacio.
Impuesto a las grandes fortunas. Tras la reposición del reformado impuesto sobre el patrimonio por el PSOE en 2011, estaba prevista la implantación de este tributo que ya se aplica en otros países europeos. En su defecto, el PP ahora podría seguir aplicando el primero ya que en 2012 deja de estar operativo. Las previsiones más prudentes estiman en 3.000 millones de € la cantidad que podría recaudarse con el nuevo gravamen. Exactamente la cantidad que se recortó hace poco en Educación. Es necesario recordar que en las Illes Balears, el ejecutivo de José Ramón Bauzá se ha negado a recaudar la parte que le correspondería del impuesto sobre el patrimonio (unos 30 millones de €) mientras se permite anunciar el cierre de hospitales públicos.
Impuesto de sociedades. Aunque los tipos previstos en España se encuentran dentro de la media europea, las deducciones existentes permiten que las grandes empresas paguen un tipo real cercano al 17% cuando el tipo nominal aplicable es del 30%. Esto perjudica, además, a las PYMES que no compiten en las mismas condiciones que sus homólogas de mayor tamaño. Es necesario, por tanto, reformular este tributo. Una modificación que permitiría ingresar 7.000 millones de €. Más o menos la cuantía que se ha recortado en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Aumento del 10% del impuesto sobre el tabaco y el alcohol. La propuesta dejaría el vino y la cerveza exentos de tal subida, pero el resto de licores aumentaría su gravamen en ese porcentaje junto con el tabaco. El ingreso previsto se estima en, al menos, 1.000 millones de € que podrían ir destinados a financiar, de nuevo, el SNS.
Eliminación de las diputaciones provinciales. A diferencia de los Consells y Cabildos, con funciones muy distintas a éstas, son instituciones que han demostrado su ineficacia en la escena política actual. Su supresión reportaría otros 1.000 millones de €.
Se trata, por tanto, de 12.000 millones de €, ni más ni menos, que permitirían reducir el déficit sin necesidad de adoptar opciones traumáticas para los ciudadanos y dramáticas para las propias cuentas públicas. A diferencia de la desproporcionada e injusta subida del IVA o la introducción de tasas judiciales, que repercuten en toda la población sin importar su capacidad económica o situación laboral.
Existen otras propuestas igualmente importantes, como la implantación de muchas más medidas contra el fraude fiscal, y no la actual amnistía, que deben abordarse.
Por lo tanto, es absolutamente falso que no haya otras opciones. Sencillamente no quieren abordarse porque el Partido Popular no cree en una salida social de esta crisis. Sus errores en las medidas adoptadas para acortar el déficit están generando más recesión, más pérdida de poder adquisitivo, más parados. El consumo, entonces, disminuye y con él la recaudación, lo cual obliga, paradójicamente, a más recortes. Un efecto perverso en el que el actual Gobierno nos tiene sumidos. Están a tiempo de recapacitar y cambiar de rumbo. Entonces, les estaremos esperando.
Pablo Martín Peré
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