EL FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Hace poco escribí una entrada en la que hacía referencia a cuáles son las condiciones de los parlamentarios españoles (en las Cortes Generales) con el objeto de informar sobre una cuestión que todavía no es lo suficientemente conocida por la mayor parte de los ciudadanos. También quería desmentir las falsedades e incorrecciones que en un correo electrónico titulado "ES INDECENTE" figuran y que habían motivado que muchísimas personas me preguntaran a mí y otros compañeros por esta cuestión.

Mis limitaciones como narrador son evidentes y eso ha motivado que muchos lectores pensaran que estaba tratando de justificar o excusar algo, cuando la intención era la apuntada anteriormente. Por eso esta nueva entrada comienza (ahora sí) con esta justificación. Para que no haya lugar a equívocos sobre su finalidad: que los ciudadanos conozcan un poco más la actividad del Congreso de los Diputados y la labor de los parlamentarios. A propuesta de un lector (o lectora), por cierto.

Para comenzar, es preciso conocer cuál es la labor principal que la Constitución y las leyes le otorgan a la Cámara Baja. Concretamente son tres: legislar, el control del Gobierno y, por último, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Al contrario de lo que muchas personas creen, la iniciativa legislativa no nos corresponde normalmente, sino que esta pertenece al Gobierno. En el Congreso y el Senado se debaten sus propuestas, aparte de las que puede presentar la oposición (Proposiciones de Ley, Proposiciones no de Ley).

Sin embargo, la mayor parte de la actividad parlamentaria que realizamos, además de en nuestras circunscripciones, se lleva cabo en las comisiones. Las hay permanentes, con capacidad legislativa o sin, temporales y subcomisiones. La mayor parte de ellas está compuesta por 43 diputados y, fundamentalmente, se debaten Proposiciones no de Ley, preguntas orales al Gobierno y, en ocasiones, Proyectos de Ley. También se celebran comparecencias. Cada diputado pertenece, al menos, a dos de ellas, si bien muchos estamos presentes en 3 o más. Según la función en la misma (miembro de la Mesa, portavoz o vocal) varía la actividad del parlamentario. Todas las sesiones pueden visualizarse a través de la web, tanto en directo como en diferido.

Así pues una semana digamos "normal" en el Congreso de los Diputados comienza con una reunión el lunes a las 18.00 de la "Permanente" del Grupo Parlamentario. Al menos, por parte de los socialistas. En ella nos reunimos los portavoces de las distintas comisiones, junto con la dirección del GPS para examinar el orden del día de la semana, exponer la posición del grupo y comentar cuestiones de política en general. La duración varía según la semana.

Los martes, a las 09.30 se reúne el GPS al completo para realizar un cometido similar. Sobre las 10.30 comienza la celebración de las citadas comisiones, que puede extenderse hasta las 13.30 (lo habitual), si bien en ocasiones acabamos a las 15.00. A las 16.00 se inicia el pleno que se celebra en el hemiciclo. Se debaten Proposiciones de Ley, Proyectos de Ley, Proposiciones no de Ley y Mociones. Dura habitualmente hasta las 21.00 horas, si bien no son extrañas las sesiones que se alargan hasta las 22.30. Excepcionalmente, podemos llegar a las 2.00 de la madrugada.

A las 09.00 del miércoles comienza la sesión de control al Gobierno. Preguntas orales e interpelaciones. Al finalizar, se celebran nuevas sesiones de comisiones. Estas pueden iniciarse también a partir de las 16.00. Suelen terminar, normalmente, a las 20.00.

Los jueves empezamos a las 09.00 horas debatiendo principalmente las enmiendas que llegan del Senado y la convalidación de Real Decretos-Leyes. Al finalizar los plenos, también pueden celebrarse comisiones.

Al margen de esta actividad, presentamos preguntas escritas que el Gobierno tiene la obligación de contestar, solicitudes de comparecencias y solicitudes de informes. Toda la actividad de cada diputado puede consultarse directamente desde la web del Congreso a través de su ficha, y ver sus iniciativas y sus intervenciones.  

Digamos que este es el funcionamiento común de la Cámara, el que se lleva a cabo la mayor parte del año. Se modifica cuando se aprueban los PGE o cuando se celebran sesiones extraordinarias para que comparezca el Presidente del Gobierno u otras cuestiones diversas.

Es necesario recordar que cuanto más grande es el grupo del que se forma parte, menos actuaciones se producen por parlamentario, por motivos obvios. Así pues, lo normal es que los miembros de partidos con escasa representación parlamentaria (IU, UPyD, PNV, etc) tengan un nivel de actividad "formal" más elevado que el de los partidos mayoritarios.

Esta es la actividad que se lleva a cabo en sede parlamentaria de manera habitual, en nuestras respectivas circunscripciones difiere enormemente en función del diputado y la propia circunscripción, si bien es común a todos la participación en medios de comunicación (oral y escrita) y actividades políticas y de partido.

He tratado de escribir este texto con carácter general y sin personalizarlo excesivamente, pero estoy a vuestra disposición para contestar a todas las preguntas que queráis realizar respecto al mismo.

Estreno canal en Youtube en el que iré poniendo mis intervenciones

ES NECESARIA MÁS TRANSPARENCIA Y PROXIMIDAD

Compruebo preocupado estos días que el Partido Popular está llevando a cabo un ejercicio de opacidad y oscurantismo total ante muchas de las medidas que están adoptando, sin precedentes en nuestra democracia. Tal es el mismo, que los propios ministros y portavoces deben contradecirse sobre lo apuntado unas horas antes porque ni siquiera ellos mismos conocen exactamente qué es lo que están anunciando ante los atónitos medios de comunicación. Por ese motivo, no son pocas las ruedas de prensa en las que las preguntas no se permiten.

Y mi preocupación se debe no solamente a la falta de ética democrática que esta actitud conlleva, sino también a que la desafección que genera entre los ciudadanos está alcanzado cotas intolerables para cualquier sociedad que pretenda avanzar.

Efectivamente, he podido experimentar por mí mismo que mucha de la desconfianza a la que me refiero se debe a la total falta de información que tienen los ciudadanos sobre la labor que realizamos sus representantes electos. Cuanto más elevada es la responsabilidad, más desconocido es nuestro trabajo, algo que me parece muy incoherente, por otra parte.

En las últimas semanas he tratado de aclarar algunos aspectos relativos a nuestras asignaciones, equipos y logística como un intento de acercar algo más nuestra realidad cotidiana al resto de ciudadanos. Pero he constatado que la herida es profunda y que son muchos aquellos que creen todavía las falacias relativas a las supuestas prebendas vitalicias de las que disfrutamos o sobre el número de políticos que existe en España.

En cualquier caso, hemos dejado durante demasiado tiempo que este tipo de desinformaciones se propagaran extendiendo su letal mensaje sin reaccionar debidamente y, ahora, las propias deficiencias de nuestro sistema generan un efecto expansivo de las consecuencias. Por ello considero que cualquier esfuerzo que se realice en este aspecto, es poco.

Recientemente planteamos en el pleno del Congreso de los Diputados que la Comisión de Peticiones pasara ser una Comisión de Participación Ciudadana, en la que pudieran debatirse asuntos del interés directo de otros ciudadanos, en la que ellos mismos pudieran exponer sus argumentos de forma directa y, por lo tanto, participar del debate. La propuesta se hacía extensiva también a otras comisiones. Naturalmente, aún se puede ahondar mucho más en esta materia, pero era un primer paso importante. Todos los grupos apoyaron la iniciativa, salvo el PP, argumentando este último razones técnicas para no hacerlo.

Sin embargo, la verdadera transformación en materia de transparencia no debe llevarse a cabo en las instituciones democráticas españolas. Al menos, no solamente en éstas, sino que debe materializarse en las mentes de todos y cada uno de los que ostentamos una representación electa u orgánica política. Todavía compruebo asombrado como el mundo de las redes sociales y de las tecnologías de la comunicación y la información es absolutamente ajeno para muchos de quienes tendrían que haberse habituado ya a su uso diario. Y hoy en día son un elemento esencial que permite aproximar las tareas políticas al resto de la gente y que esta pueda opinar y, en consecuencia, enriquecer el debate y conocer los motivos.

Afortunadamente, cada día son más l@s compañer@s que sin importar su edad y sus conocimientos previos se adentran en las entrañas de Twitter, Facebook y otras plataformas virtuales, pero si cada uno de nosotr@s hiciera un uso productivo y constante de estas herramientas, tengo la certeza de que una parte de la pésima percepción que pesa sobre nuestras cabezas se atemperaría.

Y es que respecto a la necesidad perentoria que tenemos de recuperar parte de la confianza perdida, pienso que la transparencia y la proximidad son indispensables para ello. La primera porque elimina las suspicacias que pudieran generarse sobre los intereses que nos mueven al adoptar decisiones. Seguirían siendo discutibles, por supuesto, tal y como es necesario en una sociedad democrática. Pero también se comprenderían mejor. La segunda, la proximidad, porque es completamente humano desconfiar de aquello que desconocemos. Y la percepción que hasta el momento se ha tenido sobre much@s de nosotr@s es que habitábamos en palacios de hielo, cuyas paredes no eran traspasadas por las peticiones y sugerencias del resto de personas.

Las preguntas que cabe formularse es: ¿Cómo podemos generar confianza si somos los primeros que parecemos no confiar en los demás? ¿Cómo podemos hacer que crean en nosotros si no creemos en ellos? Esas son algunas de las apreciaciones que me han planteado en estos últimos años y con mucha razón la mayoría de ellas.

Siempre me ha gustado una definición sobre la confianza según la cual, esta no supone conocer todas las respuestas, sino estar abierto a todas las preguntas. Y ésa es la meta que debemos fijarnos para una mejor percepción sobre la realidad política por parte de todos: que cualquier persona sin importar su capacidad económica, sus medios, sus ideas ni su ubicación, pueda acceder de manera real a nuestro trabajo y preguntarnos todas las dudas que sobre el mismo se le antojen.

Y los cambios a los que apunto deben forjarse de manera inmediata. Sin dilación. No podemos permitirnos más el lujo de que los ciudadanos no se identifiquen con sus representantes electos, porque desde el momento en el que los mecanismos tradicionales de la democracia devienen inútiles, se abona el terreno para discursos populistas que esconden finalidades contrarias a la libertad y la democracia. Y eso es algo que nadie debería estar dispuesto a aceptar.

CUANDO FUIMOS LOS MEJORES...

Hace unos días, mientras leía los comentarios más o menos ingeniosos en Twitter de algunos usuarios, me topé con uno que decía: "El gran problema de la socialdemocracia es que sus representantes nunca se han comportado como socialdemócratas". Más allá de la ocurrencia en sí, lo cierto es que la frase se hacía eco del dicho, entre otros, según el cual los socialistas se vuelven conservadores en cuanto se convierten en ministros. 

Ahora mismo, hemos de afrontar la acusación que afirma que formulamos propuestas más beligerantes cuando nos hallamos en la oposición, y que después no cumplimos cuando nos encontramos en el poder. Desde luego, no es una estupidez cualquiera que se pueda desechar sin un mínimo análisis, especialmente cuando algunas de las voces provienen de nuestras propias filas. Sin embargo, también hay cierta dosis de inexactitud en esa aseveración como ahora trataré de explicar.

Durante los últimos dos años de gobierno socialista en los que la crisis mostraba su faceta más cruenta (2009-2011), me llegaban por todas partes lamentaciones que hacían referencia a un pasado glorioso no solo del PSOE, sino de la propia socialdemocracia. Algunas de estas voces reflexionaban que el partido había sufrido una involución y que la socialdemocracia "está en crisis".

Por lo que respecta a España y los socialistas, situé mi pensamiento en el comienzo de nuestro actual periodo democrático, ya que sería absurdo pretender establecer una comparación del momento actual con otras épocas anteriores (fundación del PSOE, IIª República, Guerra Civil, Franquismo).  

Cuando los socialistas tuvimos que afrontar la responsabilidad de gobierno que nos dieron las urnas de manera más que holgada en 1982, había todo un país por construir y una Constitución por desarrollar. Una tarea hercúlea como pocas. Pero al mismo tiempo, mucho más gratificante, al ser el margen de actuación mucho más amplio.

Derechos y prestaciones que ahora nos parecen irrenunciables tan solo eran ensoñaciones políticas. No fue hasta 1985 en que se desarrolló el precepto constitucional en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) que junto a la Ley de Reforma Universitaria (LRU), introdujeron los cimientos sobre los que una educación pública como derecho que permita la igualdad de oportunidades, se ha erigido en este país.

Pero incluso un exministro de la talla de José María Maravall reconoce haber cometido algunos errores en la elaboración de la LODE que han tenido sus consecuencias en el presente. Con ello no pretendo restar mérito al que, probablemente, ha sido el mejor ministro de Educación que ha tenido España. Sería absurdo por mi parte siquiera pensar que los comentarios que yo pueda hacer pueden constituir una mancha en su historial, pero sí pretendo hacer constar que tendemos a recordar siempre las cosas con mayor brillo del que tuvieron.

Otro tanto sucede con el Sistema Nacional de Salud (SNS) instaurado en 1986 y con la Ley General de Sanidad. Fue otro insigne socialista, Ernest Lluch, quien se encargó como ministro en aquel entonces de configurar el armazón sobre el que se desarrolla la prestación de un sistema de salud universal, público y gratuito. Curiosamente, los mismos defectos que podrían asociarse a la LODE pueden achacarse a esta norma, por cuanto no se cerraron los puentes a los posibles (hoy reales por obra y gracia del PP, Esperanza Aguirre, José Ramón Bauzá, Ana Mato,  y compañía) boicots que podían prepetrarse desde las comunidades autónomas.

Por lo tanto, tampoco nuestras grandes aportaciones están exentas de crítica y de matices respecto de los logros alcanzados.

En cualquier caso ambas leyes, a pesar de sus carencias y defectos, han permitido construir un Estado del Bienestar cuyo desarrollo no se ha llevado a cabo de manera inmediata, sino a través de los distintos gobiernos socialistas de los 80, 90 y 2004-2011.

La sanidad y la educación públicas constituyen, junto con el sistema de pensiones y la Ley de Dependencia los denominados pilares del citado Estado del Bienestar. Pero a menudo se omite que estos derechos constitucionales, poco o ningún sentido tendrían si no estuvieran acompañados de otros derechos civiles igualmente fundamentales. Me refiero (aparte del derecho a la libertad de expresión o de asociación), al derecho a una igualdad efectiva de género (no podemos reivindicar una igualdad de oportunidades general si entre hombres y mujeres todavía no está garantizada), el derecho a poder contraer matrimonio con la persona amada sin importar su sexo,  o el desarrollo de la mencionada Ley de Dependencia.

En este instante en el que el maremágnum económico barre con todo, es difícil apreciar en su justa medida cualquier avance que se haya llevado a cabo que no sea en la citada materia, en  la que más bien lo que ha habido han sido retrocesos. Pero cuando podamos juzgar con perspectiva suficiente los logros obtenidos en los años de José Luís Rodríguez Zapatero en relación a los derechos citados, sabremos apreciar el esfuerzo realizado cuando parecía que poco podía hacerse ya en este sentido. Otra valoración distinta se puede hacer en materia económica y fiscal, desde luego.

He querido dejar para la última parte de este texto, la referencia a las políticas económicas y fiscales desempeñadas por los progresistas en España.

No es necesario ahondar en el tremendo impacto para la economía de los países y, en consecuencia, de las prestaciones sociales de los mismos que han tenido las políticas neoliberales. Una gran parte de las veces, ejecutadas por sus principales paladines (Reagan, Thatcher, Major). Otras por supuestos enemigos de las mismas cegados por el fulgor de tiempos de bonanza impostada (Blair, Schröder y, en menor medida, Zapatero).

Pero más allá de la certeza de que la Tercera Vía conducía a un precipicio político para la socialdemocracia, es justo también realizar una serie de consideraciones sobre la realidad de una política fiscal progresiva y redistributiva en el marco de una economía global y europea.

Resulta evidente que la realidad actual de los Estados dista mucho de la que imperaba en los 70 y los 80. Por aquel entonces, la globalización, aunque ya enunciada, se encontraba en estado embrionario y sus consecuencias tardarían décadas en padecerse. Así pues, las políticas fiscales de los países podían permitirse tipos muy elevados que grabaran las rentas de trabajo más cuantiosas, así como a las empresas en función de su tamaño y facturación. No había otros Estados que pudieran dejar en aguas de borraja estas políticas.

La división existente entre los bloques capitalista y comunista impedía que las distintas regulaciones laborales generaran las desigualdades competitivas actuales. La deslocalización de las fábricas y empresas, aunque ya existía, se hacía entre Estados con ciertas similitudes e incluso dentro del propio país (algo apuntado por Bernstein en "Las tareas de la socialdemocracia").

Sin embargo, la entrada en la UE, los Tratados de Maastricht y Schengen, el Euro, la caída del bloque comunista y el desarrollo de la globalización han propiciado que los Estados sean incapaces de afrontar los retos políticos actuales por sí solos.

Y respecto a las políticas fiscales, comprobamos como incluso dentro de la propia UE existen desigualdades brutales que facilitan que, por ejemplo, empresas como Apple tributen en Irlanda al 12,5 % las ganancias de sus tiendas en España, donde el tipo nominal (que no real) aplicable sería de entre el 25% y el 30%.

La existencia de países europeos como Suiza, Luxemburgo, Andorra, San Marino, Mónaco o Liechtenstein, torna en absurdo cualquier discurso para acabar con los paraísos fiscales de ultramar. Por lo tanto, según que afirmaciones sobre las posibilidades actuales de políticas fiscales progresivas deben ser realizadas teniendo en cuenta está coyuntura.

En consecuencia, la situación es completamente distinta en la actualidad, pero mucho más compleja de abordar. Un problema global requiere de una respuesta global. Y no es que la socialdemocracia no tenga una solución que proponer: el internacionalismo ha sido una de sus premisas ya desde los tiempos de Bernstein. Pero resulta evidente que la coordinación y cooperación necesarias para poder afrontar un reto de estas características, suponen una dificultad a la altura, cuando no mayor, que la que tuvimos que afrontar los socialistas en la España de principios de los 80.

Así pues, no creo que nuestra ideología ya haya dado lo mejor de sí. No considero que cualquier tiempo pasado fuera mejor. Más bien al contrario, es ahora cuando más sentido tienen nuestras ideas. La socialdemocracia no está en crisis, sino que más bien, la crisis solamente se superará con más socialdemocracia.  En nuestro país, ante la deconstrucción del Estado del Bienestar ya tenemos un ejercicio mayúsculo de reposición por delante, pero es en Europa donde se han de formular los principales cambios necesarios a través de propuestas globales: más armonización fiscal y laboral, mejor regulación financiera, agencias de calificación públicas, eurobonos, tasa Tobin, etc.

Habrá quienes elijan quedarse con el pasado, a pesar de que este nunca es tal y como lo recordamos. Mientras tanto, otros preferimos trabajar en el presente para conseguir un futuro que se asemeje a lo que deseamos.

PARLAMENTARIOS ESPAÑOLES: NUESTRA VERDAD

Todos conocemos el aforismo "No dejes que la realidad te estropee una buena noticia". Frecuentemente, es utilizado para criticar la falta de rigor y profesionalidad de determinados medios de comunicación (fundamentalmente de sus consejos de dirección/redacción más que de sus reporteros de a pie). No son pocas las ocasiones en las que hemos podido comprobar que la verdad sobre una determinada cuestión resulta muchísimo menos atractiva que el mito que se ha erigido en torno a la misma, muchas veces alimentado por el morbo y las ganas de encontrar motivos para justificar nuestras fobias.

Los parlamentarios (diputados/senadores) españoles estamos actualmente suituados en el punto de mira de la sociedad, especialmente desde el inicio de la crisis económica. Es justo que así sea, puesto que somos sus representantes legítimos y nos debemos a quienes nos han elegido y también a los que no. Las críticas que recibimos por nuestra gestión y nuestros errores son justas la mayor parte de las veces. Pero no siempre la información que manejan los ciudadanos es todo lo correcta que podrían creer. Por una parte, por la falta de transparencia e información que, hasta ahora, había existido en torno a nuestra función también ha contribuido a este descrédito. Por la otra, el interés de determinadas facciones políticas interesadas en el desprestigio de las instituciones democráticas en comandita con la difusión mediática de medios que representan a esas facciones, ha hecho el resto.

Pretendo pues, a través de este texto, informar sobre algunas cuestiones relativas a nuestras funciones, sueldos, horarios y equipamiento y desmentir las falsedades que sobre estos aspectos se han vertido en foros, correos electrónicos e incluso en la misma calle.

Sobre pensiones y "sueldos": para comenzar, una cuestión semántica. No tenemos un sueldo, sino que se trata de una asignación constitucional con las diferencias que conlleva respecto a las prestaciones sociales que se obtienen de la percepción de un salario. Es de carácter público y figura en la web del Congreso de los Diputados. Son catorce pagas y varía su contenido en función del cargo que tenga el parlamentario en cuestión. No es en absoluto de carácter vitalicio y dejamos de percibirla en cuanto perdemos nuestra condición. Hasta julio de 2011, cuando se abandonaba definitivamente el escaño, se percibía un mes de asignación por cada año de parlamentario hasta un máximo de 24. Esta prestación se eliminó el mes citado. 

Del mismo modo, para aquellos parlamentarios que hubieran permanecido al menos 7 años en las cámaras, una vez que alcanzaran la condición de pensionistas, podían solicitar un complemento de pensión para alcanzar la cantidad máxima a percibir (2.522, 89 €). Es decir, la suma que les faltara para llegar a esa cifra la aportaban las cámaras. Tan solo cerca de 90 parlamentarios de los más de 3.000 que han pasado por las Cortes Generales desde su constitución en 1977, han sido beneficiarios de esta prestación. Desde julio de 2011 se encuentra también eliminada. 

Debo añadir que en su día se introdujo para que los parlamentarios que apenas habían cotizado por permanecer en el exilio durante el franquismo, pudieran tener una pensión.

En cuanto al porcentaje de tributación de nuestra asignación, en modo alguno es cierto que lo hagamos al 4,5 %. Por lo que respecta a la mía personal, es del 29%.

En consecuencia, no tenemos sueldos vitalicios, ni pensiones vitalicias. Ni mucho menos tarjetas de crédito para nuestros gastos personales. No tenemos derecho a paro y en en enero de 2012, se eliminó un fondo de pensiones privado que las cámaras tenían concertado con una entidad financiera.

Los parlamentarios españoles estamos a la cola del ránking de sueldos y prestaciones en el marco europeo. 

Sobre funciones y horarios: Los parlamentarios españoles tenemos a lo largo de cada legislatura periodos de sesiones anuales que se dividen en dos partes. La primera comprende los meses de febrero a junio de cada año. La segunda de septiembre a diciembre. Los meses de enero, julio y agosto no se celebran, en un principio, sesiones parlamentarias. Sin embargo, desde el principio de mi estancia en el Congreso de los Diputados (enero de 2009), no ha habido un solo mes de enero, julio o agosto que no hayamos tenido sesiones extraordinarias. Para el mes de julio de 2012, por ejemplo, ya tenemos proyectadas 2 sesiones. Los martes, miércoles y jueves son los días de la semana en los que se celebran sesiones plenarias. Generalmente, la primera semana de cada mes está exenta y los meses de abril y diciembre, debido a las festividades propias, eliminan una semana de pleno.

Debo añadir que cuando un parlamentario no se encuentra en su escaño generalmente se halla en su despacho preparando la intervención que corresponda, o bien negociándola con otros parlamentarios en los pasillos o salas del Congreso. Algunas excepciones habrá a esta norma, es posible, pero no la generalidad que muchos creen, todo lo contrario.

Pero el trabajo principal del parlamentario no se desarrolla en el hemiciclo, sin perjuicio de que mediáticamente sea el espacio más conocido de nuestra actividad. Las comisiones que conforman las dos cámaras tienen una actividad semanal y es donde se debaten muchas de las cuestiones principales. El trabajo en nuestro territorio o circunscripción ocupa el resto de nuestra actividad.

Pretender que solamente trabajamos cuando nos hallamos en nuestros escaños, sería como creer que un abogado tan solo lo hace cuando tiene un juicio, por ejemplo. Así pues, una labor importante consiste en visitar el resto de la semana las agrupaciones de nuestro propio partido para informar a los militantes de nuestra actividad. Reuniones con colectivos o ciudadanos. La preparación de las intervenciones de las semanas siguientes. La presencia en medios de comunicación, tertulias o redes sociales.

No es poco habitual atender a radios o televisiones durante el propio fin de semana o hacer visitas a ferias regionales o eventos sociales esos mismos días.

Quizás el problema se halla en que nosotros no hemos informado puntualmente de cuál es nuestra agenda de actividades aprovechando las herramientas que ahora se nos brindan para ello.

Transporte, equipo: nuestro desplazamiento para la función parlamentaria se abona por la cámara directamente cuando se trata de las compañías Renfe, Air Europa o Iberia cuando es en avión o tren. Si se trata de otras compañías, el abono inicial lo realizamos nosotros y pasamos la factura a los servicios económicos que nos la reembolsa pasados unos meses.

El Congreso de los Diputados tiene un acuerdo con la compañía Iberia (desconozco si con las otras también) por el que los vuelos en clase preferente tienen un importe similar o, directamente, inferior al de la clase turista.

Se da la circunstancia de que en muchas ocasiones cuando debemos conseguir un billete, tan solo quedan disponibles en clase preferente por el hecho de que cogemos siempre el primer vuelo disponible tan pronto hemos acabado las sesiones plenarias. Esperar al siguiente para conseguir un billete en clase turista puede suponer, especialmente para los mallorquines, ibicencos, menorquines y canarios, cuyo medio de transporte único es el avión, quedarse en Madrid un día más con toda la actividad finalizada. Eso tiene un coste económico y familiar que ha sido tenido en consideración.

No existe límite en nuestros desplazamientos siempre que sean debidos a nuestra actividad parlamentaria, sobre la que la Mesa de las cámaras lleva un control. En un principio, la normativa dispone que podemos cobrar una dieta de 120 € en desplazamientos por España y de 150 € en el extranjero. En los 3 años y medio que llevo como parlamentario no la he solicitado ni una sola vez, así como tampoco mis compañeros de escaño que han viajado conmigo.

Tenemos una tarjeta de Renfe y una Visa de transporte para poder comprar los billetes nosotros mismos cuando sea por cuestiones de urgencia y no se pueda realizar la gestión desde la propia cámara.

También disponemos de una tarjeta de taxi con 3.000 € anuales para uso de taxis solamente en Madrid. La cantidad no es acumulativa y si no se agota al término del año, tan solo se añade lo que resta al siguiente para llegar a la cifra antedicha. Generalmente, cuando dispongo de tiempo utilizo el metro. Sin embargo, al finalizar las sesiones para ir al aeropuerto por la premura suelo utilizarla (31 € desde el Congreso a Barajas), así como las noches que finalizamos las sesiones parlamentarias más allá de las 22.00 (casi cada martes).

Al inicio de la legislatura se nos entrega un Ipad 2 y un Iphone 4S (a los parlamentarios que tenemos el de la pasada, un Iphone 4, no se nos entrega uno nuevo). Al finalizar la legislatura, si deseamos quedarnos con el primero, debemos abonar una cantidad. La cuenta de teléfono corre a cargo de las cámaras. Cada parlamentario dispone de un despacho propio (8/9 m2) con ordenador de sobremesa. En mi caso, es el ordenador de la pasada legislatura que, a su vez, perteneció a otro parlamentario. Por supuesto, al finalizarla, el aparato permanece en  el Congreso. Comparto asistente junto con otros dos parlamentarios. Asimismo, cada escaño dispone de una terminal de ordenador que está encajada en el mismo. No hace falta añadir que tampoco nos lo llevamos a casa.

Las comunicaciones de todas las convocatorias y envíos de información y documentación se realizan a través de sms y correo electrónico. Desde que dejaron de realizarse en formato papel, las cámaras abonan el importe de una ADSL en nuestra vivienda hasta que dejamos de ostentar la condición de parlamentarios.

Por supuesto, la inmensa mayoría de los parlamentarios no tenemos coche oficial, correspondiendo éste tan solo a los miembros de la mesa y portavoces de grupo (20 diputados aproximadamente de 350).

Y esta es parte de la información que creo necesaria que conozcan los ciudadanos respecto a nuestras particularidades. Por supuesto, no es una enumeración exahustiva y con toda seguridad faltarán cosas, pero precisamente para ello tenéis este blog y mis perfiles en las redes sociales para preguntar todas las cuestiones que consideréis al respecto.

El PSOE y la monarquía

Los últimos incidentes relacionados con Juan Carlos de Borbón de los que hemos tenido constancia, bien sea por cuestiones cinegéticas, bien por asuntos familiares, han impulsado el debate monarquía/república, sobrepasando incluso la tradicional y cada vez más tenue mordaza autoimpuesta por los medios convencionales. En la votación de los Presupuestos Generales del Estado 2012, se propuso una enmienda por parte del grupo La Izquierda Plural que pretendía reducir en un 20% la partida destinada la Casa Real. No son pocas las personas que me han preguntado por qué el PSOE decidió votar en contra de la citada enmienda, muchas de ellas del propio partido.

La relación entre los socialistas y la figura de la monarquía ha sido ambigua desde el restablecimiento de la democracia en España. Hay quienes acusan al partido de ser excesivamente gentil con la figura del rey. Otros tildan de traidora a sus principios a una formación política que fue clave para la instauración de la IIª República española en 1931.

Sin embargo, pocos saben que en los debates que se llevaron a cabo para la regulación de la Constitución de 1978, cuando se debatía si la estructura institucional de España debía orbitar en torno a una monarquía parlamentaria o una república federal, el PSOE votó a favor de ésta última y en contra del establecimiento del actual sistema. El compañero José María Benegas ha distribuido estos días el diario de sesiones de la antecesora de la actual Comisión Constitucional en la que, de forma más que brillante, el exdiputado Luís Gómez Llorente explicó los motivos por los que el partido votó a favor de una república como forma de organización política para España.  

Uno no puede evitar sorprenderse cuando lee el recuerdo a las palabras pronunciadas por Pablo Iglesias hace ahora más de 100 años en el hemiciclo: "No somos monárquicos porque no lo podemos ser; quien aspira a suprimir al rey del taller, no puede admitir otro rey". La síntesis perfecta de lo que suponía el socialismo de aquél entonces.

Lo cierto es que, desde la votación en aquella comisión y la posterior confirmación de una monarquía parlamentaria como sistema político, los socialistas nos hemos dedicado a prestar un fuerte apoyo a la figura del rey como Jefe del Estado por comprensibles motivos de pura responsabilidad institucional. Además, el legislador introdujo para un mejor blindaje de determinados preceptos constitucionales, un sistema pétreo para su posible reforma, el del famoso artículo 168 de la Constitución de 1978. En consecuencia, cualquier intento serio de introducir un debate real sobre la forma de organización estatal siempre es desestimado aludiendo a la imposibilidad técnica y política de su cometido.

En cualquier caso, el accidentado inicio de la década de los 80 en nuestro país y los cambios políticos del siguiente decenio, entre otras cuestiones, permitieron a la monarquía pasar con buena nota el siempre difícil examen de la ciudadanía. Como ya es sabido, la versión aceptada históricamente sobre el papel del rey en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, le propició un cómodo estatus de defensor a ultranza de la legalidad democrática de nuestro país.

Es posible que en cierta medida esto haya propiciado que cualquier intento de crítica hacia la institución se haya valorado como radical desde el ámbito político, o bien ha acabado estrellándose contra el velo de protección mediática al que aludía al inicio del texto. Las excesivamente inofensivas biografías oficiales no han desestabilizado en modo alguno a la Casa Real (tampoco era su objetivo) y libros con material mucho más incendiario como el anónimo "Un rey golpe a golpe", han pasado muy desapercibidos entre la población en general.  

Dentro de este marco político y social, los socialistas hemos salido en defensa de la figura del rey en numerosas ocasiones, siendo plenamente conscientes de que es el apoyo del PSOE el que mantiene la estabilidad de la institución dentro del juego de equilibrios de España. Es evidente que desde el momento en que ese apoyo cesara, el debate se tornaría mayúsculo y habría que afrontar los retos que supone el mecanismo constitucional para la modificación atinente a la monarquía parlamentaria. No veo cercano todavía el momento en que esta situación pueda darse por múltiples razones que no son el objeto de estas líneas.

Pero, humildemente, pienso que quizás sí es necesario reflexionar sobre la extraña situación en la que se encuentra el partido en torno a esta situación. Es evidente y comprensible la necesidad de actuar con prudencia y elegir el tono y las palabras adecuados cuando suceden acontecimientos como el de la cacería africana de hace unas semanas. Pero ello no comporta que la Corona se encuentre exonerada de la crítica política y de la necesidad de acometer también sacrificios en un momento en que la mayor parte de la población está teniendo que aceptarlos sin opciones.

Y, por supuesto, hay una parte creciente de la ciudadanía, a juzgar por las últimas encuestas publicadas, que comprendería perfectamente que se actuara con menor indulgencia en referencia a las actividades de Juan Carlos de Borbón y su familia. Quizás ha llegado el momento en que debemos zafarnos del falso axioma según el cual no podemos formular según que cuestiones por el ya citado temor a desequilibrar la institución y, con ello, el país.

El argumento ha sido sumamente poderoso hasta el momento y, en algunos casos, con motivos más que fundados. Pero también es cierto que ha sido utilizado como excusa para no afrontar algunas cuestiones que están sobre la mesa. No creo que recordarle al rey la bondad de una mayor transparencia en la Casa Real y de sus actividades o, por ejemplo, que el presupuesto previsto para los siguientes ejercicios se verá sometido a los mismos recortes proporcionales que el resto de instituciones, suponga alentar el advenimiento de la IIIª República.

Más bien la opacidad que orbita en torno a su figura y la de su familia están generando el efecto contrario y, si hasta ahora había funcionado como elemento protector indispensable para su fortaleza, actualmente constriñe la necesidad de un mayor aperturismo y publicidad que ya existe desde hace tiempo en otras personalidades políticas de primer nivel, como el Presidente del Gobierno. Sin perjuicio de que en España todavía nos quedan enormes distancias que atravesar en materia de transparencia política.

Por ello, las posiciones políticas pueden adecuarse a lo que demandan los tiempos actuales. Una cosa es pedir un cambio de régimen político y otra muy distinta que la monarquía y la figura del rey deben someterse a ciertas reglas del juego, sin que por ello deba considerarse al partido como radical o extremista por sus exposiciones. Continuar aceptando el chantaje ideológico que predican algunos medios y partidos sobre este asunto, provoca la paradoja de que la crítica hacia la institución monárquica acaba recibiéndola el propio partido. Y ese es un lujo que solo pueden permitirse quienes gozan de invulnerabilidad política. No creo que nadie en nuestra sociedad, más allá de lo que puedan expresar normas de toda condición, pueda ahora ostentarla.

"La desgracia de los reyes es que no quieren escuchar las verdades."

Juan Jacoby.

EL DEBATE DE INVESTIDURA

Córdoba es una ciudad que no solo se caracteriza por su belleza, sino también por haber exportado a la cultura hispana algunos de sus más grandes filósofos: Séneca, Averroes y Rafael Guerra. Supongo que este último no será muy conocido para los amantes de Platón y Aristóteles, pero si le preguntamos a un connoisseur de la turomaquia reconocerá inmediatamente en su nombre al torero de los siglos XIX y XX y autor de frases tales como: "Cada uno es cada uno","Hay gente para todo" y la que justifica esta entrada "Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible". ¿Schopenhauer? ¿Kierkegaard? Nah: Rafael Guerra.

Ayer comenzó el debate de investidura de Mariano Rajoy como sexto Presidente de la democracia española. Su discurso, al igual que el de muchos portavoces, estuvo plagado de buenas intenciones, lugares comunes y guiños a determinados sectores de la economía nacional y mundial. No esperaba menos de un político cuyo mayor rasgo distinguible es la previsibilidad. Las propuestas genéricas que formuló, además, eran las que figuraban en su programa electoral por lo que resultaban conocidas por todos.


Sin embargo, hubo un pequeño matiz que supone, en mi opinión, un punto de inflexión importante dentro del contenido general que expuso Rajoy. La cifra de 16.500 millones de € que prevé reducir del déficit en 2012, supone una novedad discursiva que merece un análisis particular.

La cantidad mencionada no es baladí, así que lo primero que uno tiene que plantearse es cómo puede reducirse un desequilibrio económico de semejante magnitud con los datos ofrecidos ayer. Estamos todos de acuerdo en que hay muchas cosas que deben corregirse de nuestras Administraciones Públicas: las ineficiencias y las duplicidades competenciales son algunas de ellas. Pero cuando la parte del discurso destinada a las política fiscales únicamente menciona nuevas deducciones y bajadas de impuestos, es cuando uno hace números y estos no salen. Ayer Alfredo Pérez Rubalcaba cifró en más de 10.000 millones de €  la cantidad que las arcas del Estado dejarán de percibir con las rebajas impositivas propuestas.

Porque con la lucha contra el fraude fiscal no bastará para poder conseguir reducir el déficit en la cantidad propuesta. Y, entonces, es inevitable pensar que los recortes previstos en las AAPP conllevarán reducciones de derechos y prestaciones sociales. Aunque el PP, a pesar de su mayoría absoluta, todavía no se atreve a reconocer lo que pronto comprobaremos a través de Decretos Leyes.

¿Por qué el Partido Popular renuncia a poder exigir un mayor esfuerzo fiscal a las SICAV y a las grandes fortunas o las entidades financieras? No se trata de un anatema para los políticos conservadores ya que en otros países como Francia o Reino Unido, con gobiernos de derechas, perviven impuestos similares. Se trata, entonces, de una cuestión puramente política: no creen en la capacidad redistributiva de la fiscalidad progresiva como una herramienta útil para conseguir una mayor cohesión y justicia social. Y es que esta última, la justicia social, es imposible si no hay justicia fiscal.

En consecuencia, comprobaremos en los próximos meses que la fórmula de Rajoy pasa por lo que negaron una y mil veces en la campaña electoral. Que al pan, pan y al vino, vino significa que habrá recortes sociales en beneficio de la reducción del déficit, sin ningún tipo de contramedidas para que los cimientos del Estado del Bienestar no se resientan. Que a quienes no les afecta la reducción de las prestaciones en la sanidad y educación públicas, ni del subsidio de desempleo porque no lo necesitan, no van a tener que afrontar ningún esfuerzo, por pequeño que sea, para ejercer su solidaridad con los que más tienen.

Por eso, no puede ser que el PP cumpla sus previsiones sin coste social alguno. Es imposible. Y lo más grave es que, paradójicamente, serán esos sacrificios sociales los que sufragarán una crisis eminentemente financiera cuyos principales responsables lo que pretenden es acabar con los derechos sociales tal y como los conocemos.

Si Rafael Guerra fuera un parlamentario de este siglo, de este tiempo, le diría al Sr. Rajoy lo que todos vemos y ellos no reconocen públicamente: lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible.