EL IGNORANTE MÁS INFORMADO DEL MUNDO

Antes de que otros compañeros del ámbito de la política lean estas líneas y se sientan en desacuerdo con ellas, debo avisar que las escribo a título exclusivamente personal. Es posible que algunos se identifiquen con lo que pretendo explicar y que otros, sencillamente, hayan experimentado todo lo contrario, ya que el desempeño de cualquier cargo conlleva un componente de subjetividad que hace imposible que dos experiencias aparentemente similares se vivan igual. En cualquier caso, ahí va mi opinión sobre una paradoja que me tocó vivir durante mis años como parlamentario. 

Para mí haber sido diputado en el Congreso es, parafraseando a mi admirado Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de los mayores honores que he podido tener en mi trayectoria política. Elaborar las leyes que después se aplican a más de 47 millones de personas es una responsabilidad repleta de momentos gratificantes y muy estimulante. También, en ocasiones, esta actividad puede ser estresante y complicada pero los aspectos positivos superan, con creces, los negativos. 

Para facilitar mi trabajo, el Congreso de los Diputados ponía a mi disposición toda una batería de medios que son fundamentales para contrastar información, consultar fuentes diversas, conseguir opiniones doctrinales y jurisprudenciales, etc. Tenía acceso ilimitado a la propia biblioteca del Congreso o podía consultar a los Letrados de las Cortes cuando quisiera. Incluso el propio grupo parlamentario contaba con asesores en variadas materias que me guiaban y ayudaban con tan solo pedirlo. 

Además, tenía a mi disposición casi toda la prensa escrita que se publicaba a diario en nuestro país, acceso a bases de datos jurídicas y, como no, todos los Proyectos de Ley, Proposiciones de Ley, Proposiciones no de Ley, Mociones, Interpelaciones y demás iniciativas que se habían tramitado o debían tramitarse en el futuro. 

A todo eso debo añadir que, durante mis años como diputado (febrero 2009- noviembre 2015), vivía la política a pleno rendimiento. Hablaba de política con mi amigo y compañero de piso constantemente, leía todo lo relacionado con la materia que estuviera a mi alcance, comía y cenaba con otros parlamentarios con charlas monotemáticas y asistía a múltiples reuniones del partido. Los fines de semana con mis familiares y amigos solía repasar los asuntos trascendentales por lo que también hablaba de política. 

Es indiscutible que estaba informado de todo lo que afectaba a mi ámbito y hacía todo lo posible por compartir esa información. Actualizaba constantemente mis perfiles en las redes sociales y publicaba mis intervenciones, artículos y opiniones. Cuando alguien me preguntaba por alguna cuestión trataba de explicarle de manera exhaustiva mi punto de vista y le hacía llegar toda esa documentación a la que aludía para que pudiera comprobar por sí mismo la verdad de lo que yo le decía. 

No fueron pocas las ocasiones en las que pensé que quienes no estaban metidos en política estaban muy mal informados sobre los asuntos de los que opinaban y que era mi deber, casi sagrado, arrojar luz sobre la oscuridad que les envolvía. En cierto modo, así era. Resultaba imposible para esas personas, con otras dedicaciones y menesteres diferentes a los míos, tener tal grado de información actualizada y detallada sobre, por ejemplo, los presupuestos en materia de Educación para el ejercicio 2012. Y es correcto afirmar que mi obligación consistía en facilitar esos datos para que mis interlocutores pudieran tener una opinión más formada. O no. 

Pero ahí fue cuando cierta confusión se adueñó de mí. Que alguien que no está metido hasta el cuello en la política parlamentaria nacional no conozca los pormenores de la Ley de Residuos, no significa que no tenga su propio criterio sobre el sueldo de los parlamentarios, las intervenciones en los debates o las propuestas de los partidos. Porque una cosa es que esté mal informado al respecto (por falta de datos, por ejemplo), lo cual tiene rápida y sencilla solución como ya he dicho y, otra muy diferente, es que conociendo la información opine de manera diferente a ti. 

Y en mi caso particular cometí el error de pensar que mi opinión era más válida tan solo porque yo transpiraba la política por todos mis poros las 24 horas de cada día, encerrado en mi castillo de marfil hiperinformado tal como estaba. No comprendí que esa persona que me decía que detestaba los debates en los que unos y otros nos afeábamos nuestros trapos sucios, hablaba desde una visión muy distinta a la mía. La del que día a día tiene otras preocupaciones diferentes a las que yo tenía aquel entonces y que tan solo quiere ver como quienes han sido elegidos para solventarlas hacen su trabajo y no establecen una contienda que busca la aniquilación intelectual del adversario.

No fue hasta pasados unos meses desde que había dejado la política en primera línea cuando un día me sorprendí compartiendo la misma opinión que mis compañeros de tertulia sobre un asunto de actualidad. Y no es que yo no tuviera acceso a la información sobre esa cuestión. Como ex diputado puedo seguir accediendo a, prácticamente, todos los datos que tenía a mi disposición cuando ostentaba el cargo. 

No. Lo que había cambiado es que mi perspectiva algo más lejana me hizo ver ciertos aspectos que anteriormente mi aislamiento me había impedido. El archiconocido proverbio de que los árboles no me permitían ver el bosque me vino a la cabeza como un rayo y entonces comprendí que, durante esos años, había estado muy bien informado sobre todos los detalles particulares, pero que mi falta de contacto con la realidad de la inmensa mayoría de la población impidió que viera el conjunto de la situación. Que la opinión pública tiene sus propias razones  y que se pueden compartir o no, pero que para conocerlas hay que estar en la situación desde las que se generan. 

La gran paradoja de mi trayectoria política en el Congreso de los Diputados es que, durante mucho tiempo, fui una de las personas mejor informadas sobre la materia. Pero a la vez fui un ignorante de los verdaderos motivos y razones que mueven la opinión de quienes eran destinatarios de esa política. Mi exceso de celo en mi cometido me hizo olvidar que de nada sirve conocer todos los detalles del edificio sobre un plano si luego cuando visitas el edificio lo haces con el propio plano tapándote la visión. 

Quizás mi experiencia personal tan solo es aplicable a mí y mis compañeros sí estaban mucho mejor conectados con su entorno no político. O quizás también padecieron la paradoja que cito. Quizás alguno de ellos siga en activo y estas líneas le resulten útiles para no tropezar con las piedras que otros no vimos. O quizás sirvan a nuevos parlamentarios para poder apartarlas definitivamente del camino.    

ADIÓS A LAS AULAS

Como si de un serial por entregas se tratara, estos días asistimos al goteo de noticias que varios medios de comunicación publican en relación con la tesis doctoral del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

No creo que sea necesario a estas alturas recordar que el actual furor revisionista de títulos académicos se inició con el "Caso Cifuentes", cuya tramitación ha deparado después la posible investigación por el Tribunal Supremo de Pablo Casado y la dimisión de la ex ministra de Sanidad, Carmen Montón, ambos por hechos con algunas similitudes y ciertas diferencias.

Que los medios ABC y OKDiario hayan sido ya condenados en anteriores ocasiones por sus prácticas periodísticas, no es motivo suficiente para desechar, a priori, la posibilidad de que se hubiera podido cometer alguna irregularidad en la tramitación del título académico del máximo dirigente del país. 

Sin embargo, a medida que la "información" que estos dos rotativos se iba poniendo en cuestión por otros grupos de telecomunicación, la acusación hacia Sánchez mutaba para finalizar, en el momento en que se escriben estas líneas, en un intento de desprestigio intelectual contra el tribunal que lo había evaluado y el propio contenido de la tesis en sí. 

Recuerda este episodio, aunque de menor importancia, a las guerras mediáticas que originó el juicio del 11-M, cuyo punto álgido fue la batalla librada por el "caso del informe del ácido bórico". Ya en aquel entonces se pudo comprobar que la "información" tiene ideología y que poco importaba presentar especulaciones o valoraciones como hechos contrastados, si servía como combustible con el que seguir manteniendo la maquinaria de combate en marcha. 

El tiempo y los tribunales pusieron las cosas en su sitio en aquel entonces demostrando que no había habido participación alguna de ETA en aquel atentado. Pero, como en cualquier otra guerra, hubo víctimas colaterales que pagaron facturas. 

Una de ellas fue la ya de por sí erosionada credibilidad de los políticos, todavía muy lejos en 2006 del momento que vivimos actualmente. Otra afectada por aquellos manejos fue la Administración de Justicia, cuando se puso en duda la instrucción del sumario a cargo del juez Del Olmo, entre muchas otras cosas. Y, por supuesto, la ética periodística, que dejó momentos tan sonrojantes como las entrevistas del diario El Mundo pagadas al delincuente Emilio Suárez Trashorras para que implicara al Gobierno del PSOE en una supuesta trama de ocultación. 

Ahora, sin embargo, no solamente está en juego hacerse con el control del tablero político, sino que la credibilidad del sistema educativo universitario se está viendo resquebrajada por la deriva que están tomando los acontecimientos. 

Con ello no me refiero a las investigaciones en torno al método de otorgamiento de títulos del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, que podrían acreditar la comisión de ilícitos penales en el caso de Cifuentes y Casado. Sino que me preocupan particularmente las opiniones reflejadas en diversos foros sobre la escasa preparación de los miembros del tribunal que aprobó la tesis de Pedro Sánchez, la supuesta ligereza con la que se otorgó la calificación de Cum Laude o la falta de control del contenido original de los trabajos a cargo de los propios centros. 

Naturalmente, se puede valorar cualquier cuestión sometida a la opinión pública e incluso hacerlo con dureza. Forma parte del escenario político al que, como es sabido, se viene a actuar habiendo "llorado en casa". 

Pero cuando se trata de apreciaciones que ponen en entredicho métodos y estructuras del sistema universitario, entiendo que se debe ser cauto, mucho. Sean centro públicos o privados, como en este caso. 

Porque nadie excepto los presentes aquel día puede apreciar cómo defendió su tesis Pedro Sánchez ante el tribunal y se sometió a las cuestiones que le planteaban. Fase esta, la defensa ante el tribunal, que supone un porcentaje muy importante de la calificación que después se concede al deponente. 

Del mismo modo que cuestionar la preparación de los componentes del tribunal supone, a su vez, cuestionar sus titulaciones y, en consecuencia, volver a poner sobre el tapete el método y centros donde estos fueron examinados y obtuvieron sus méritos académicos. 

Por último, la discusión sobre lo que debe ser considerado plagio o no llevada hasta el extremo al que algunas voces la están elevando, conllevaría la revisión de cientos, miles de titulaciones, con los mismos criterios aplicados que a este supuesto. Algo impensable por los impedimentos logísticos y humanos que eso supondría. 

Debe ser la doctrina académica y jurisprudencial la que determine lo que debe ser considerado plagio a diferencia de lo que no con la ayuda de la tecnología existente, pero no desde luego los púlpitos mediáticos y virtuales a los que poco parece importarles el descrédito que se está infligiendo a la universidad española, si con ello se cobran una pieza de caza mayor como el presidente. 

Mientras tanto, no son pocos los estudiantes y titulados que se preguntan si el día de mañana deberán mostrar sus calificaciones universitarias y sus logros en sus currículums o, por el contrario, cuanto más sencillos y escasos estos, mejor. El mundo al revés.